Un equipo de arqueólogos ha realizado un hallazgo extraordinario en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, considerado por muchos cristianos como el lugar donde fue sepultado Jesús. Durante trabajos de restauración iniciados en 2022, investigadores italianos de la Universidad Sapienza de Roma encontraron restos de un antiguo jardín que dataría de hace unos 2.000 años.

El análisis arqueobotánico identificó polen y restos vegetales de olivos y vides, plantas características de la región, justo debajo del suelo de la antigua basílica. Estas pruebas sugieren que en la época de la crucifixión de Jesús —comúnmente situada en la primavera del año 33 d.C.— existía un jardín en esa zona, lo que coincide con el relato bíblico del Evangelio de Juan 19:41: “En el lugar donde fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo...”.

Este hallazgo podría ayudar a esclarecer debates históricos sobre la ubicación exacta del Calvario y la tumba de Cristo, y representa la primera gran excavación arqueológica en este sitio desde el siglo XIX. Los investigadores destacan que el descubrimiento refuerza las tradiciones cristianas relacionadas con el Santo Sepulcro y ofrece una conexión tangible con los relatos evangélicos.

La arqueóloga principal del proyecto, Francesca Romana Stasolla, explicó que los restos vegetales encontrados son especialmente relevantes porque confirman detalles descritos en el Evangelio de Juan. Según la especialista, las referencias a un espacio verde entre el lugar de la crucifixión y la tumba podrían haber sido redactadas por alguien con conocimiento directo del paisaje de Jerusalén en aquel entonces. “El evangelio menciona una zona cultivada entre el Calvario y el sepulcro, y eso es justamente lo que hemos identificado en la excavación”, afirmó.

Además, los expertos concluyeron que el terreno donde hoy se encuentra la iglesia ha atravesado una transformación significativa a lo largo de los siglos: primero fue una cantera, luego campos de cultivo y finalmente, un sitio de entierro. Esta secuencia histórica ofrece un contexto físico y arqueológico que respalda la narrativa bíblica sobre el lugar donde Jesús fue sepultado, añadiendo así una nueva dimensión al conocimiento sobre uno de los lugares más sagrados del cristianismo.

Descubren en Jerusalén un escrito alternativo del Salmo 86 con 1500 años de antigüedad

La detención de Elsy Noemí Berríos, una mujer salvadoreña de 52 años residente en Maryland, ha generado indignación y dudas tanto entre su familia como en la comunidad inmigrante. Acusada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de estar asociada con la pandilla MS-13, su caso ha cobrado notoriedad por la ausencia de pruebas presentadas por las autoridades y las circunstancias de su arresto.

El operativo tuvo lugar el 31 de marzo mientras Berríos conducía junto a su hija hacia su trabajo en Westminster. En un video grabado por la joven, se observa cómo los agentes federales le ordenan detenerse y salir del auto. Ante su negativa y su petición de ver una orden judicial, los agentes rompieron la ventanilla del conductor y la sacaron por la fuerza del vehículo antes de esposarla. La escena dejó a su hija, Karen Cruz Berríos, de 18 años, entre gritos y lágrimas.

Para Cruz Berríos, su madre es un ejemplo de lucha y dedicación. Asegura que no tiene antecedentes penales y que ha trabajado arduamente para criar sola a sus cuatro hijos. La información proporcionada por sus abogados indica que Berríos ingresó a Estados Unidos en 2017 y fue liberada bajo supervisión mientras avanzaba su proceso migratorio, el cual fue desestimado en 2023, tras lo cual solicitó asilo y obtuvo permiso de trabajo.

Pese a la gravedad de la acusación, los representantes legales de Berríos sostienen que no han recibido evidencia concreta que respalde la presunta vinculación de su clienta con la pandilla. Han solicitado una audiencia para exigir la liberación de Berríos y que el Gobierno presente pruebas formales. Las autoridades no han dado respuesta a los reiterados llamados por mayor transparencia, generando inquietud en diversos ámbitos, entre ellos la oficina del gobernador de Maryland, que exige explicaciones claras y el cumplimiento del debido proceso.

El caso ha tocado un nervio sensible en la comunidad salvadoreña, que teme una vuelta a los estigmas de décadas pasadas. Organizaciones defensoras de migrantes alertan sobre la posible criminalización injustificada de personas que huyeron de la violencia en busca de una vida mejor.

Actualmente, Noemí Berríos permanece detenida en un centro de ICE en Pensilvania, mientras su familia y sus abogados continúan luchando por su libertad y la aclaración de las acusaciones en su contra.

Deportan a joven dreamer que demandó al ICE

Una mujer de 26 años, identificada como Jaclyn Diiorio, fue arrestada en Nueva Jersey tras descubrirse que intentaba contratar a un sicario mediante la aplicación de citas Tinder. Su objetivo era asesinar a su exnovio, un oficial de policía de Filadelfia de 57 años, y a la hija de este, una joven de 19 años.

El macabro plan fue desbaratado gracias a la intervención de un informante confidencial que alertó a las autoridades y colaboró con la investigación. Diiorio había ofrecido $12.000 por los crímenes y llegó a entregar un pago inicial de $500 en efectivo durante un encuentro pactado con el informante.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Gloucester, ubicado a unos 24 kilómetros de Filadelfia. Según la Fiscalía del Condado de Camden, Diiorio mantuvo varias comunicaciones por teléfono y mensajes de texto con el supuesto sicario, antes de acordar una reunión personal.

Además del intento de homicidio, durante su arresto se le encontró un frasco sin etiqueta que contenía alprazolam, un medicamento controlado utilizado para tratar trastornos de ansiedad. Por ello, también enfrenta cargos por posesión de sustancias controladas.

Diiorio fue acusada formalmente de:

• Dos cargos de intento de asesinato en primer grado
• Un cargo de conspiración en primer grado con la intención de cometer un homicidio
• Un cargo en tercer grado por tenencia de sustancias controladas

En una audiencia celebrada el pasado viernes, la jueza Yolanda Rodríguez denegó la libertad bajo fianza, citando la gravedad de los cargos y el riesgo para las potenciales víctimas, una de las cuales es miembro activo del Departamento de Policía de Filadelfia. También se reveló que la acusada había intentado previamente concretar el mismo plan criminal.

Diiorio continuará detenida hasta su próxima comparecencia ante la justicia, prevista para el 11 de junio. Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando si hay otras personas implicadas y no descarta nuevas acusaciones a medida que avance el caso.

Muere actor tras concretar encuentro con dos mujeres por Tinder

Este lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, realizó una visita exprés a Buenos Aires con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales y respaldar las reformas económicas impulsadas por el presidente argentino, Javier Milei. Durante su estadía, Bessent sostuvo encuentros clave con autoridades argentinas, entre ellos el presidente Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La agenda comenzó a las 14 horas con una reunión con el ministro Caputo y su equipo económico, seguida por un encuentro a las 15 con el presidente en la Casa Rosada. Al término de ambas reuniones, se espera una declaración conjunta centrada en los avances económicos del país y en la posibilidad de avanzar hacia un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos.

En declaraciones previas, Bessent expresó su admiración por la gestión de Milei: “Gracias al audaz liderazgo del presidente Javier Milei, la relación entre Estados Unidos y Argentina es más sólida que nunca. Estoy entusiasmado por mantener conversaciones constructivas sobre la economía argentina y analizar cómo podemos fortalecer aún más la valiosa relación económica entre nuestras naciones.

La comitiva estadounidense incluyó también al empresario Rod Citrone, fundador de Discovery Capital Management y copropietario del equipo Pittsburgh Steelers. Citrone fue recibido por el presidente Milei y se encuentra evaluando una posible inversión en el país que superaría los 5.000 millones de dólares.

Acompañaron la visita Matt Schlapp, presidente de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), y Soledad Cedro, directora de CPAC Argentina, quien ha mantenido diálogo fluido con Bessent. Según fuentes oficiales, el secretario del Tesoro podría regresar a Buenos Aires en los próximos meses para participar en un importante evento empresarial.

La visita coincide con un momento clave para la administración de Milei, tras la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la implementación de las primeras medidas del plan económico acordado. Entre ellas destacan la flotación del tipo de cambio oficial y la eliminación de restricciones cambiarias, con el respaldo adicional del Banco Mundial y el BID.

Desde el gobierno argentino señalaron que la visita fue propuesta por el propio Bessent tras consultas con el ministro Caputo. “¿Sirve de ayuda que vaya a la Argentina?”, habría preguntado el funcionario, a lo que Caputo respondió afirmativamente, dando pie al viaje.

Bessent, quien ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión presidencial estadounidense, tiene un rol central en la definición de políticas económicas y financieras tanto a nivel nacional como internacional. Su paso por Argentina es visto como un gesto concreto de respaldo político y económico por parte de la administración estadounidense hacia el rumbo adoptado por la gestión de Javier Milei.

Argentina retornará a la Unasur después de 4 años de su salida

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) continúa su batalla legal contra Meta, la empresa matriz de Facebook, con una demanda que podría obligarla a vender Instagram y WhatsApp. El caso, que se originó durante el primer mandato del presidente Donald Trump, sostiene que Meta adquirió estas plataformas para eliminar la competencia en el espacio de redes sociales donde los usuarios interactúan con amigos y familiares.

Según la FTC, las adquisiciones de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014 se realizaron estratégicamente para proteger el dominio de Meta y evitar que nuevas empresas ganaran terreno. El abogado de la comisión, Daniel Matheson, aseguró que estas acciones "establecieron barreras de entrada" que mantienen la falta de alternativas reales para los consumidores.

De ser favorable a la FTC, el fallo podría tener un fuerte impacto en Meta, ya que se estima que aproximadamente la mitad de sus ingresos publicitarios en Estados Unidos provienen de Instagram. Además, la demanda representa una oportunidad para que el nuevo gobierno de Trump demuestre un enfoque firme hacia las grandes tecnológicas, a pesar de los vínculos recientes entre Meta y la administración, incluyendo donaciones para la toma de posesión y visitas frecuentes de Mark Zuckerberg a la Casa Blanca.

Por su parte, la defensa de Meta rechaza los argumentos de la FTC y asegura que la empresa ha contribuido a mejorar la experiencia de los usuarios. El abogado Mark Hansen afirmó que las dinámicas de las redes sociales han cambiado, y que hoy los usuarios pasan más tiempo consumiendo videos cortos, una tendencia influenciada por TikTok, lo que demuestra una competencia activa en el sector.

Meta también sostiene que otras plataformas como Snapchat y MeWe ofrecen alternativas en el mercado, aunque la FTC insiste en que los servicios donde se comparte contenido con amigos y familiares tienen una función distinta a redes como TikTok, YouTube o Reddit, que se centran en la difusión a públicos más amplios basados en intereses.

Este caso se suma a una serie de demandas antimonopolio dirigidas también contra otras grandes empresas tecnológicas como Amazon, Apple y Google, mientras crece el escrutinio sobre el poder de las plataformas digitales en Estados Unidos.

Meta elimina la verificación de datos y apuesta por la libertad de expresión en sus plataformas

Miles de inmigrantes en Estados Unidos han sido erróneamente clasificados como fallecidos por la administración Trump, en una polémica maniobra que les ha cancelado sus números de Seguro Social y, con ello, el acceso a servicios financieros, empleo y beneficios públicos. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, esta acción afecta a más de 6.000 personas vivas que se encuentran legalmente en el país bajo programas temporales instaurados durante el gobierno de Joe Biden.

Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio del presidente Donald Trump para forzar la salida voluntaria de inmigrantes, especialmente aquellos que obtuvieron permisos temporales de permanencia bajo la administración anterior. Al incluir sus datos en la base federal de personas fallecidas —una herramienta utilizada normalmente para fines administrativos—, los afectados enfrentan serias dificultades para realizar actividades cotidianas, como abrir una cuenta bancaria o conservar su empleo.

El Departamento de Seguridad Nacional también revocó esta semana el estatus legal de numerosos inmigrantes beneficiarios del permiso temporal de Biden, quienes ahora se enfrentan al riesgo de deportación si no abandonan el país por su cuenta. Además, se ha firmado un nuevo acuerdo entre el Departamento del Tesoro y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitirá al IRS compartir datos fiscales de inmigrantes indocumentados para facilitar su localización y eventual deportación.

Esta medida ya ha generado controversia. Melanie Krause, comisionada interina del IRS, renunció tras conocerse el acuerdo. Paralelamente, un juez federal detuvo temporalmente la colaboración de un equipo liderado por Elon Musk, cuyo objetivo era reducir el tamaño del gobierno mediante la intervención en bases de datos federales como la del Seguro Social.

La organización Democracy Forward, reconocida por enfrentar acciones de la administración Trump en los tribunales, también se ha pronunciado. Su presidenta, Skye Perryman, calificó estas acciones como ilegales y adelantó que podrían presentar demandas una vez se tenga acceso a más información.

El representante de la Administración del Seguro Social no ha emitido comentarios sobre el caso, que continúa generando preocupación sobre el uso de las herramientas federales para ejercer presión sobre comunidades migrantes.

Trump exige a México resolver el envío de agua a Texas, si no le impondrá aranceles

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció que a partir del próximo 7 de mayo comenzará a exigir identificaciones compatibles con el programa REAL ID en todos sus puntos de control de seguridad. Esta medida afectará a millones de pasajeros en todo Estados Unidos, incluyendo a quienes forman parte del programa TSA PreCheck.

El nuevo requisito forma parte de la implementación de la Ley REAL ID de 2005, aprobada por el Congreso como respuesta a una recomendación de la Comisión del 11 de septiembre, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional. Según explicó Adam Stahl, alto funcionario de la TSA, la medida busca dificultar la falsificación de documentos de identidad y así prevenir actividades delictivas o terroristas.

Con esta normativa, las identificaciones emitidas por estados que no cumplen con los estándares del REAL ID ya no serán aceptadas para pasar los controles de seguridad en aeropuertos. Los viajeros mayores de 18 años deberán presentar una REAL ID o una identificación alternativa válida, como un pasaporte.

Aquellos que lleguen con una identificación no compatible y sin una opción alternativa podrán enfrentar demoras, revisiones adicionales y hasta la imposibilidad de ingresar a la zona de embarque.

Las personas interesadas en obtener una REAL ID deben hacer una cita en su oficina local del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), donde deberán presentar documentos que verifiquen su identidad, estatus migratorio y domicilio.

Las autoridades aclararon también que esta política no afectará a los no ciudadanos que se encuentren en el país de forma irregular y que voluntariamente salgan del país en vuelos internacionales.

Con esta implementación, el gobierno busca elevar el nivel de seguridad en la aviación comercial y garantizar que todos los viajeros puedan ser debidamente identificados al momento de abordar un avión.

"Estamos devastados": Estrepitosa caída de helicóptero en EEUU dejó seis víctimas 

Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, podría ser deportado de Estados Unidos tras ser considerado un riesgo para la seguridad nacional por un juez de inmigración en Luisiana. El fallo se produjo el viernes en una audiencia centrada en la legalidad de su expulsión, tras su participación en manifestaciones pro-palestinas en el campus.

La jueza Jamee E. Comans concluyó que el gobierno demostró "con pruebas claras y convincentes" que Khalil puede ser expulsado del país. Argumentó que su permanencia en EEUU podría tener “graves consecuencias para la política exterior”, lo cual cumple con los requisitos legales para su deportación. No obstante, el abogado de Khalil, Marc Van Der Hout, cuestionó la imparcialidad del proceso y calificó la audiencia como “una farsa” que viola el derecho al debido proceso.

Khalil, residente legal en EEUU, fue arrestado por agentes de inmigración el 8 de marzo en su vivienda estudiantil. Según sus abogados, la detención es parte de una ofensiva del presidente Donald Trump contra estudiantes vinculados a protestas por la guerra en Gaza. En menos de 24 horas, Khalil fue trasladado a un centro de detención en Jena, lejos de su familia y equipo legal. Su esposa, ciudadana estadounidense, está embarazada y próxima a dar a luz.

La defensa tiene hasta el 23 de abril para solicitar una exención que podría detener la deportación. Mientras tanto, un juez federal de Nueva Jersey ha emitido una orden temporal para evitar que Khalil sea deportado mientras se revisa su caso.

Aunque Khalil no ha sido acusado de ningún delito relacionado con las protestas, el gobierno sostiene que los no ciudadanos que expresan opiniones consideradas “pro-Hamás” o antisemitas deben ser expulsados. Khalil ha sido blanco de críticas públicas por su visibilidad como vocero de los estudiantes que protestaban en Columbia, aunque no participó en la toma de edificios ni fue arrestado por los incidentes.

El secretario de Estado Marco Rubio invocó una ley poco utilizada que permite deportar a personas cuyo comportamiento pueda afectar negativamente la política exterior del país. Por su parte, jueces federales en Nueva York y Nueva Jersey han ordenado al gobierno no proceder con la deportación hasta que se resuelva el caso judicial.

La administración Trump también ha recortado fondos federales por 400 millones de dólares a Columbia como medida contra lo que considera antisemitismo en el campus. Paralelamente, las autoridades migratorias han intensificado acciones contra otros críticos de Israel en universidades, cancelando visas y realizando deportaciones.

El caso de Khalil se ha convertido en un símbolo del creciente conflicto entre libertad de expresión, seguridad nacional y política exterior en el entorno universitario de Estados Unidos.

Estados Unidos se niega a reiniciar las conversaciones con Irán respecto al acuerdo nuclear

El Gobierno de Guatemala reveló este lunes un importante hallazgo arqueológico en el Parque Nacional Tikal, ubicado en el norte del país. En una zona residencial prehispánica conocida como Grupo 6D-XV, se descubrió un altar de origen teotihuacano, que ofrece nuevas evidencias de la interacción entre las antiguas civilizaciones maya y teotihuacana durante los siglos IV y V d.C. Este descubrimiento incluye los restos óseos de tres niños, lo que sugiere la práctica de sacrificios rituales, especialmente de menores.

Lorena Píaz, la arqueóloga que lideró la excavación, explicó que el altar tiene una clara influencia teotihuacana, tanto en su arquitectura como en los restos encontrados. "Los restos de tres niños menores de cuatro años fueron localizados en tres de los lados del altar", detalló Píaz. El altar, descubierto en noviembre de 2022, fue objeto de exhaustivas excavaciones y análisis que duraron más de un año y medio. Con una estructura de talud-tablero, típica de Teotihuacán, el altar mide 1,10 metros de este a oeste, 1,80 metros de norte a sur y aproximadamente un metro de altura, y está recubierto con piedra caliza.

Este hallazgo refuerza la teoría de que Tikal, durante los siglos IV y V d.C., era un centro cultural y político clave, donde se entrelazaban las tradiciones de diferentes civilizaciones mesoamericanas. Según Edwin Román, director del Proyecto Arqueológico del Sur de Tikal, este descubrimiento confirma la relación sociopolítica entre los mayas de Tikal y las élites teotihuacanas, lo que sugiere una convergencia cultural en la región.

La arqueóloga independiente María Belén Méndez destacó la relevancia de este hallazgo, que refuerza la idea de una profunda conexión entre las dos culturas, particularmente en sus prácticas religiosas y su relación con los astros. “El sacrificio formaba parte de sus rituales religiosos, y no debe interpretarse como violencia, sino como una forma de acercarse a los dioses y los astros”, explicó Méndez.

La estructura del altar también presenta características comunes a los complejos residenciales de Teotihuacán, donde las viviendas estaban organizadas alrededor de un altar central. En este caso, se encontró una figura representando a la Diosa de la Tormenta, una deidad prominente en la iconografía teotihuacana. Paíz destacó que Teotihuacán fue una civilización de comerciantes que recorrían la región, llevando consigo sus creencias y prácticas, como lo muestra este altar en Guatemala.

Gracias a la tecnología de Dstrech, un programa especializado en codificación de imágenes, los arqueólogos pudieron identificar figuras antropomorfas en color rojo, adornadas con tocados de borlas, otro símbolo característico de la cultura teotihuacana.

El altar será resguardado bajo estrictas medidas de conservación y no estará disponible para el público ni será exhibido turísticamente, con el objetivo de preservar su integridad y evitar daños al sitio. La antigua Ciudad de Teotihuacán, que alcanzó su apogeo entre los años 200 y 650 d.C., fue uno de los centros más influyentes de Mesoamérica, tanto en lo político como en lo comercial.

Bernardo Arévalo es juramentado como presidente de Guatemala

Más de 50 universidades en Estados Unidos han informado sobre la cancelación de visas de cientos de estudiantes internacionales en las últimas semanas, una medida tomada por la administración del presidente Donald Trump que ha causado alarma y desconcierto en los campus. Según fuentes, al menos 250 estudiantes se han visto afectados por esta decisión.

A diferencia de los incidentes registrados a principios de año, cuando varios estudiantes asociados con protestas pro-palestinas fueron arrestados y deportados, no se han reportado detenciones en este caso. La cancelación de visas ha generado un ambiente de incertidumbre entre las instituciones educativas. Representantes de varias universidades han señalado que no recibieron notificación previa ni explicación clara sobre las razones detrás de estas revocaciones.

“He quedado devastada al comunicar que uno de nuestros estudiantes internacionales ha perdido su visa y su estatus académico”, declaró Heather Harris, portavoz de la Universidad Estatal de Bridgewater. En su mensaje, destacó el rol histórico de Estados Unidos como un país abierto al talento global.

El caso fue revelado tras un seguimiento interno de las universidades en sus sistemas de control de visados, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, indicara que se habían anulado más de 300 visas recientemente.

La Universidad de Washington informó que al menos cinco estudiantes activos y cuatro recién graduados han perdido su estatus sin aviso previo. Algo similar ocurrió en instituciones de alto perfil como Harvard, Yale, Dartmouth, y universidades públicas como Wisconsin-Madison, Rutgers, y Virginia.

Sidra Mahfooz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó la situación como “sin precedentes”, señalando que lo habitual es que haya coordinación entre el Departamento de Estado y las universidades antes de una revocación. Esta vez, explicó, el proceso ha sido unilateral y desorganizado.

Hasta ahora, no hay evidencia de que las cancelaciones estén vinculadas al activismo político o las recientes protestas universitarias. “Todo indica que se trata de cuestiones migratorias y no de represalias por participación en manifestaciones”, explicó un portavoz de la Universidad de Pensilvania.

Varias universidades, como Northeastern, reportaron decenas de casos en su comunidad. En total, más de 80 revocaciones se han registrado en los sistemas universitarios de California.

Por el momento, la mayoría de los estudiantes afectados siguen en el país y están recibiendo asesoría legal por parte de las universidades, la ACLU y organizaciones defensoras. La ACLU ha presentado demandas en distintos estados para restaurar el estatus migratorio de algunos de los estudiantes, entre ellos Xiaotian Liu, un alumno de posgrado de Dartmouth.

La incertidumbre persiste mientras las universidades buscan respuestas. La comunidad académica, por su parte, ha mostrado solidaridad y preocupación ante una medida que, según afirman, pone en riesgo el compromiso de Estados Unidos con la educación global.

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