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Una jueza federal de California emitió una orden el martes para que el Gobierno de Estados Unidos restablezca temporalmente la asistencia legal a miles de menores migrantes que se encuentran en el país sin la compañía de un padre o tutor. Esta decisión representa un revés para la administración del presidente Donald Trump, que había cancelado un contrato clave para la representación legal de estos niños.
El 21 de marzo, el gobierno republicano rescindió un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, el cual facilitaba servicios legales a menores migrantes a través de una red de organizaciones especializadas. Como respuesta, once de estos grupos subcontratados presentaron una demanda, argumentando que la cancelación de estos servicios ponía en riesgo a 26.000 menores que dependían de la representación legal en sus procesos migratorios. Acacia, sin embargo, no formó parte de los demandantes.
La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, determinó que los demandantes presentaron cuestionamientos válidos sobre la legalidad de la cancelación del contrato, en el contexto de la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008. Esta legislación establece que el gobierno debe garantizar, en la mayor medida posible, que los menores no acompañados reciban asistencia legal para enfrentar procedimientos migratorios y evitar la explotación o el abuso. Como resultado, la jueza emitió una orden de restricción temporal, vigente desde el miércoles hasta el 16 de abril, para restablecer la asistencia legal mientras el caso sigue en curso.
En su fallo, la jueza destacó que el financiamiento continuo para la representación legal de estos menores contribuye a la equidad y eficiencia dentro del sistema migratorio. Esta decisión marca el tercer revés legal en menos de una semana para la política migratoria de la administración Trump, sumándose a otros fallos recientes que han impedido la deportación inmediata de ciertos migrantes y la eliminación de protecciones para venezolanos en EEUU.
El gobierno argumentó que los contribuyentes no están obligados a financiar la representación legal de menores migrantes en un contexto de reducción de gastos federales. También sostuvo que los tribunales de distrito no tienen competencia sobre la rescisión del contrato en cuestión. No obstante, los demandantes enfatizaron que no buscan la restitución del contrato con Acacia, sino la reactivación del presupuesto de 5.000 millones de dólares asignado por el Congreso para garantizar representación legal a los menores.
Aunque el gobierno sigue financiando actividades como clínicas de orientación legal para migrantes, los demandantes sostienen que eliminar los fondos sin proveer alternativas claras pone en peligro a los menores afectados. La jueza Martínez-Olguín, designada por el presidente Joe Biden, consideró que la administración debe garantizar un plan adecuado para asegurar la asistencia legal de estos niños mientras el litigio avanza en los tribunales.
