Informe refleja claramente que los niveles de inseguridad y violencia siguen siendo muy altos, denuncia que la impunidad generalizada continuaba debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia.

Se refiere en forma concreta a uso excesivo de la fuerza contra las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Para Amnistía Internacional Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2017/18, que abarca 159 países, Amnistía Internacional presenta el análisis más exhaustivo de la situación actual de los derechos humanos en el mundo. Aquí transcribimos para su conocimiento las partes más destacadas del informe en su parte general, análisis regional de América Latina relacionado con Honduras, y el fuerte estudio relacionado a nuestro país

Aunque las conclusiones siguen siendo estremecedoras, son los hechos como los que se destacan en el informe los que han movilizado a gente de todo el mundo para plantarle cara a la adversidad y hacer oír su voz.

En el prólogo, las cinco perspectivas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios de todas las regiones que componen este informe, se documentan la lucha de muchas personas para reivindicar sus derechos y el incumplimiento por los gobiernos de su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.

Cuando comienza el año del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda sobradamente claro en el informe de Amnistía Internacional que nadie puede dar por sentados sus derechos humanos. Desde luego, no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a nuestro gobierno. Tampoco podemos dar por sentado que dispondremos de seguridad social cuando seamos personas ancianas o incapacitadas, que nuestros bebés podrán crecer en ciudades con aire limpio y respirable o que, como jóvenes, acabaremos los estudios y encontraremos un trabajo que nos permita comprar una casa.

La batalla por los derechos humanos nunca se gana de forma definitiva en ningún lugar ni en ningún momento.

PERSPECTIVA REGIONAL: AMÉRICAS

La discriminación y la desigualdad seguían siendo la norma en todo el continente. La región seguía sufriendo los estragos causados por los altos niveles de violencia, con oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Los defensores y defensoras de los derechos humanos padecían niveles de violencia cada vez más altos. La impunidad seguía siendo generalizada y las políticas de demonización y división se intensificaron.

Los pueblos indígenas sufrían discriminación y seguían viendo negados sus derechos económicos, sociales y culturales. Incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban. Fueron pocos los avances de los gobiernos en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Un elevadísimo número de personas en toda la región afrontaba una crisis de derechos humanos cada vez más grave, alimentada por el retroceso de los derechos humanos en la legislación, las políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una política de demonización y división. En muchos países había peligro de que la regresión se volviera endémica. Este retroceso agravaba además la desconfianza hacia las autoridades (que se manifestaba en los bajos niveles de participación en elecciones y referéndums) e instituciones como, por ejemplo, los sistemas nacionales de justicia.

La violencia extrema y persistente era habitual en países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. La violencia en toda la región se veía con frecuencia alimentada por la proliferación de armas pequeñas ilegales y por el crecimiento de la delincuencia común organizada. La violencia contra las personas LGBTI, contra las mujeres y las niñas y contra los pueblos indígenas era generalizada.

Según un informe de la ONU, América Latina y el Caribe seguía siendo la región más violenta del mundo para las mujeres, pese a las estrictas leyes existentes para hacer frente a esta crisis. La región tenía la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más alta del mundo, y la segunda tasa más alta de violencia conyugal.

CRISIS DE REFUGIADOS

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 57.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las dejaba expuestas a los mismos peligros y condiciones de los que habían huido. Miles de familias y personas menores de edad no acompañadas procedentes de esos países emigraron a Estados Unidos a través de México y fueron aprehendidas en la frontera estadounidense.

México recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo, en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas estaban en riesgo.

El sistema argentino de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente y no disponía de ningún plan de integración para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo y la atención médica.

Un gran número de cubanos y cubanas seguían abandonando su país a causa de los bajos salarios y las restricciones injustificadas de la libertad de expresión.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Continuaban las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú.

PERIODISTAS Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los riesgos y peligros extremos que conllevaba defender los derechos humanos quedaron patentes en numerosos países de la región, y los defensores y defensoras de los derechos humanos afrontaban amenazas, hostigamiento y ataques en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, entre otros lugares.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PELIGRO EN HONDURAS

Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de la región para quienes defendían los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estas personas eran blanco de acciones de agentes tanto estatales como no estatales, sufrían campañas difamatorias que desprestigiaban su labor y sufrían de manera habitual intimidación, amenazas y ataques. La mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedaban impunes.

Apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la defensora medioambiental indígena Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. Desde su asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos de Honduras habían sido objeto de hostigamiento y amenazas.

CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO

Tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, en todo el mundo sólo quedaban siete países que mantenían la prohibición total del aborto, incluso cuando peligraba la vida o la salud de la Informe 2017/18 Amnistía Internacional mujer o la niña embarazada. Seis de esos países estaban en la región de las Américas:

República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

En Honduras, el Congreso también mantuvo en el nuevo Código Penal la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

Las personas LGBTI afrontaban condiciones persistentes de discriminación, hostigamiento y violencia en la región, en países como Haití, Honduras y Jamaica, entre otros.

En el apartado específico sobre Honduras el Reporte de Amnistía Internacional señal como ficha correspondiente al país lo siguiente:

REPORTE SOBRE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Los niveles de inseguridad y violencia seguían siendo altos. La impunidad generalizada continuaba debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. Las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gobierno anunció la creación de un ministerio de derechos humanos y justicia, que debía estar operativo en 2018.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

Las protestas masivas que comenzaron el 29 de noviembre en todo el país para denunciar la falta de transparencia de las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Cientos de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días. Las fuerzas de seguridad emplearon contra quienes protestaban una fuerza excesiva, que incluyó el uso de armas letales. Al menos 31 personas resultaron muertas, y también se enunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos. Eran blancos de campañas difamatorias orquestadas tanto por el Estado como por agentes no estatales para desacreditar su labor, y eran habitualmente objetivo de intimidaciones, amenazas y ataques. En junio, tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fueron objeto de un ataque armado cuando regresaban de una reunión en un vehículo. Las ONG locales afirmaban que el sistema de justicia seguía empleándose indebidamente para hostigar y hacer desistir a los defensores y defensoras de los derechos humanos. También se denunciaba un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas pacíficas.

La gran mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos seguían impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los juicios. Apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la defensora ambientalista indígena y cofundadora de COPINH Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. Las audiencias judiciales públicas de los ocho sospechosos detenidos en relación con el caso se aplazaron en numerosas ocasiones.

Los expertos independientes revelaron una falta de diligencia debida en las investigaciones, que incluía la ausencia de procesamiento de otras personas posiblemente involucradas en el crimen. No había información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de planificar su asesinato.

Aunque el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia trajo consigo algunos avances en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar la protección integral de estas personas.

Las nuevas disposiciones del Código Penal sobre terrorismo y delitos conexos, aprobadas por el Congreso Nacional en febrero y septiembre, se definieron de una forma excesivamente amplia e imprecisa, contraria al principio de legalidad. Esas disposiciones podrían derivar en la aplicación arbitraria e inadecuada del Código contra manifestantes pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual podría criminalizar aún más su labor y obstaculizar el trabajo de los movimientos sociales.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Varios pueblos indígenas seguían asegurando que se había vulnerado su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. Se denunciaron homicidios, agresiones y casos de utilización indebida del sistema de justicia contra quienes defendían a los pueblos indígenas.

Hubo críticas contra el anteproyecto de ley marco de consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, entre otras cosas por la insuficiente participación de las comunidades indígenas y garífunas (afrodescendientes) en el proceso.

Aún no se habían implementado las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 en dos casos en los que Honduras había violado los derechos colectivos sobre la tierra de comunidades garífunas.

CONFLICTOS DE TIERRAS

Persistían los conflictos a causa de la falta de seguridad de tenencia respecto a la tierra. Se reportaron altos niveles de violencia en el Valle del Aguán, donde seguían sin resolverse largos conflictos de tierras. Según el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, no se habían implementado adecuadamente las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida y la integridad de líderes y lideresas en el Valle del Aguán.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI seguían afrontando altos niveles de violencia de género. Entre enero y octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes violentas de mujeres. Según la Red Lésbica Catrachas, también aumentaron los homicidios de personas LGBTI, con un total de 35 muertes. La impunidad en estos casos seguía siendo alta, ya que las autoridades no tenían capacidad ni recursos para investigar, juzgar y castigar a quienes los perpetraban.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Persistía la falta de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, a quienes no se garantizaba el acceso a un aborto seguro y legal en ninguna circunstancia. Pese a las recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos, el Congreso Nacional decidió en abril mantener en el nuevo Código Penal la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

PERSONAS REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE ASILO

La violencia generalizada en todo Honduras seguía siendo un factor clave de emigración forzada. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos. Sin embargo, también seguía devolviéndose a Honduras desde esos países a numerosas personas, que se veían así obligadas a regresar a las mismas situaciones de peligro mortal que originalmente las habían llevado a escapar. Hasta la fecha, no existía ningún mecanismo ni protocolo integral para detectar y abordar de una forma sistemática las necesidades de protección de las personas devueltas.

Si deseas leer el informe completo puedes acceder aquí 

 

El líder de un panel internacional contra la corrupción en Honduras ha renunciado, dando un golpe en la campaña contra la corrupción profundamente arraigada del país y poniendo en duda el futuro del panel.

En una carta dada a conocer el jueves por la noche, el líder del panel, Juan Jiménez Mayor, un ex primer ministro peruano, dijo que su pequeño grupo de fiscales había sido abandonado debido a la creciente hostilidad del gobierno hondureño.

El panel está respaldado por la Organización de Estados Americanos, pero el secretario general del organismo regional, Luis Almagro, quien nombró al Sr. Jiménez, se negó a reunirse con él en Washington hace dos semanas. El Sr. Jiménez había planeado discutir los casos de corrupción que perseguían sus fiscales y la resistencia, incluidas las amenazas, que bloqueaban su trabajo.

"No deberíamos estar solos, y él lo sabe", escribió el Sr. Jiménez.

El principal fiscal del panel, Julio Arbizu, un ex fiscal anticorrupción en Perú, y un juez chileno, Daniel Urrutia, también renunciaron al panel.

Aunque el Sr. Jiménez dijo que el grupo restante, unas dos docenas de expertos, continuaría sus investigaciones sin él, podría ser difícil atraer a alguien con su formación para que se haga cargo de la tarea en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

"La pregunta ahora es si Almagro intensificará y nombrará a un fiscal calificado y con experiencia para reemplazar a Juan Jiménez o simplemente designará a un diplomático que no quiere irritar a Honduras", Eric L. Olson, experto hondureño en el Woodrow Wilson International Centre for Scholars en Washington, escribió en un correo electrónico. "Eso sería desastroso".

Los grupos gubernamentales limpios en Honduras respondieron a las noticias con consternación. "Este es el comienzo de una ofensiva política contra los pilares fundamentales que están en contra de la corrupción en Honduras", dijo Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción , un grupo privado.

Las tensiones entre el Sr. Almagro y el Sr. Jiménez habían aumentado durante meses, pero la gota que colmó el vaso parecía ser una carta que el Sr. Almagro envió al presidente Juan Orlando Hernández el miércoles. En él, se quejó de que el panel, conocido por sus iniciales en español como Maccih, "no había podido producir los resultados y enjuiciamientos de casos de corrupción que hubiésemos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras".

Fue una queja extraña dirigir al Sr. Hernández. Los aliados del presidente han trabajado para sabotear gran parte de los esfuerzos del panel, congelando la legislación propuesta para proteger a los testigos y deteniendo la aplicación de nuevas leyes de financiación de campaña.

Pero la afrenta más directa se produjo el mes pasado, después de que la nueva unidad de corrupción del fiscal general, que trabajaba con el panel, acusó a cinco legisladores de embolsarse dinero destinado a proyectos sociales en sus distritos electorales. En respuesta, el Congreso hondureño aprobó un decreto presupuestario que congeló todas las investigaciones sobre el dinero para esos proyectos sociales, y un juez desestimó el caso contra los legisladores.

Furioso, el Sr. Jiménez dijo entonces que la investigación se había extendido a unos 60 legisladores actuales y anteriores, incluido el poderoso presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera, un aliado cercano del presidente.

La investigación también pareció ampliarse más allá del Congreso. El mes pasado, los investigadores del panel y la oficina del fiscal general allanaron una fundación que es una de las tantas que canalizan los gastos sociales del gobierno hondureño con poca supervisión. La suegra del presidente, Carlota Carías, fue directora ejecutiva de la fundación.

El panel, cuyo nombre completo es Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, también se convirtió en un enemigo entre los líderes empresariales cuando comenzó una investigación el año pasado sobre una concesión para una represa con la oposición de miembros de la comunidad indígena lenca.

Berta Cáceres , una activista por los derechos indígenas y ambientalista que encabezó la oposición, fue asesinada hace dos años en un caso que se ha convertido en emblemático de la violencia en Honduras contra defensores de los derechos humanos, activistas políticos, periodistas y ambientalistas.

Escrito por ELISABETH MALKIN

Jeff Ernst contribuyó con informes de Tegucigalpa, Honduras.

Una versión de este artículo aparece impresa el 17 de febrero de 2018, en la página A10 de la edición de Nueva York con el titular: Graft Fight In Honduras Faces Blackback.

Lea aquí el artículo en ingles por el New York Times

 

La falta de cooperación del secretario general de la OEA así como por parte del gobierno Honduras en su falta de voluntad política para apoyar a la MACCIH no fueron las unicas razones en la renuncia del hasta hoy jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor.

El ex jefe de la MACCIH denuncio falta de seguridad y amenazas de muerte en su cuenta oficial de twitter.

Además de esta amenaza de muerte, Jiménez Mayor denuncio la falta de seguridad en los esquemas de la MACCIH. En dos de los párrafos de su comunicado oficial, Juan Jiménez Mayor denuncio lo siguiente,

"Ninguna de las decisiones administrativas que exigían celeridad para el buen funcionamiento de la Misión, se han tornado oportunamente, Así, no se han iniciado las negociaciones con el Gobierno de Honduras para el Memorando de Entendimiento en materia de seguridad para el ingreso de personal policial internacional. Esta ausencia, coloca en una situación de riesgo a todo el personal de la Misión.

Se necesita reconfigurar el esquema de seguridad de la Misión, hacia un sistema mixto nacional-internacional, como tiene la CICIG. Esto implica la negociación del Memorando de Entendimiento entregado al Gobierno hace varios meses. No obstante, come es evidente, sin la decisión política de la Secretaria General no se ha avanzado y no se podrá avanzar. El esquema de seguridad esta poniendo en riesgo la vida e integridad de nuestros funcionarios. Debo recordar aquí, que en mayo de 2017 uno de mis guardaespaldas murió de un disparo en la puerta del edificio de la MACCIH, en circunstancias difíciles de entender".

El 11 de octubre de 2017 el gobierno del Partido Nacional había propuesto ser sede de la 48 Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, tal como lo fue por primera vez en su historia en 2009 en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.

Sin embargo, según fuentes diplomáticas confiables, el Consejo Permanente de la OEA había dado largas a la discusión, esperando prudencialmente el resultado electoral del 26 de noviembre de 2017.

Ante la situación de fraude que fue constatado por la misma Misión de Observación de OEA, la sugerencia del Secretario General Almagro de repetir elecciones y la crisia generada por la ilegitimidad del regímen de JOH que se impone como dictadura la candidatura a ser sede de la Asamblea General era poco sostenible.

Es un hecho conocido que el mensaje de varias Misiones de países miembros a lo interno del Consejo Permanente de la OEA era que no es prudente hacer la Asamblea General en Honduras.

Esto refleja además la situación de inconformidad de varios países y que el régimen fraudulento no tiene el valor moral de afrontar una votación sobre el tema y se optó por que la Asamblea General se realicé en Washington.

Aquí puedes ver el enlace de la noticia de cuando JOH propuso ser sede la Asamblea de la OEA.

El equipo de interceptación fue utilizado por los organismos encargados de hacer cumplir la ley del país que tienen un pésimo historial de derechos humanos

El gobierno británico autorizó la venta de equipos de espionaje a Honduras poco antes de que una disputada elección general condujera a una violenta represión contra manifestantes y activistas de la oposición en el país centroamericano.

Equipo de interceptación de telecomunicaciones por valor de al menos £ 300,000 aproximadamente 9.8 millones de lempiras, sofisticada tecnología de espionaje que puede usarse para interceptar, monitorear y rastrear correos electrónicos, teléfonos móviles y servicios de mensajería en línea como WhatsApp. Fue vendido a Honduras para ser utilizado por sus agencias policiales que tienen un registro de violaciones a los derechos humanos que incluyen secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno también aprobó dos licencias de exportación abiertas entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, según la última información disponible del Departamento de Comercio Internacional (DIT).

Estas licencias abiertas permiten la exportación recurrente de una amplia gama de partes militares y de telecomunicaciones, como cables y sistemas de software "sensibles a las escuchas", pero la DIT no está obligada a revelar qué se vende, si es que se vende.

Honduras, el segundo país más pobre y desigual de América, ha estado plagado de una mezcla letal de violencia, impunidad y corrupción desde que un golpe de Estado en julio de 2009 llevó al partido nacional al poder, donde se mantuvo a pesar de las acusaciones de asesinatos patrocinados por el estado. fraude y vínculos con el crimen organizado .

El país ha sido sacudido por una nueva ola de disturbios desde las elecciones de noviembre.A pesar de las denuncias generalizadas de fraude y las llamadas de observadores internacionales para una nueva votación, el actual presidente Juan Orlando Hernández finalmente fue declarado ganador.

En medio de masivas manifestaciones callejeras diarias, Hernández desató miles de policías, equipos Swat, soldados y policías militares para reprimir a los manifestantes .

Al menos 40 personas han sido asesinadas desde las elecciones, y más de 2.000 detenidos, muchos de ellos bajo una controvertida nueva ley de terrorismo. Activistas de alto perfil dicen que han sido hostigados e intimidados por las fuerzas de seguridad .

La Ley británica de control de exportaciones de 2008 prohíbe la venta de armas a países en los que existe un claro riesgo de que se utilicen para reprimir a su propia gente.

Sin embargo, el gobierno ha sancionado la venta de spyware a estados autoritarios como Arabia Saudita, Bahréin, Turquía, Egipto y ahora Honduras, a pesar de la evidencia de que la tecnología de vigilancia se usa para atacar a activistas y opositores.

"La ley británica no es ambigua ... [Sin embargo] el gobierno vendió tecnología de supervisión y descifrado de Honduras expresamente diseñada para espiar a sus ciudadanos, meses antes de que el estado reuniera a miles de personas en una operación de vigilancia bien orquestada", dijo Lloyd Russell-Moyle, laborista MP y miembro del comité de Commons para el control de exportación de armas.

Russell-Moyle ha presentado una pregunta parlamentaria por escrito pidiendo al gobierno que nombre la compañía que vendió el equipo de espionaje, y cómo consideró seguro sancionar la venta.

La industria del spyware está creciendo, por valor de al menos £ 60 millones al Reino Unido desde 2008. Más de una docena de compañías han recibido licencias para vender tecnología de telecomunicaciones de gran alcance desde 2015, incluida una subsidiaria del gigante de defensa BAE Systems, pero el DIT no está obligado a publicar detalles de ventas.Algunas de las licencias de exportación cubren dispositivos conocidos como IMSI-catchers, que pueden monitorear un gran número de teléfonos móviles en áreas amplias.

En Honduras, la Alianza de Oposición Contra la Dictadura ha condenado lo que consideraban una interceptación ilegal de correos electrónicos y datos de teléfonos móviles.

Los mensajes de WhatsApp enviados por Manuel Zelaya -el presidente del Partido Liberal derrocado en el golpe de 2009- fueron publicados en falsos medios de comunicación en línea en el extranjero y luego compartidos en redes sociales.

"Antes, durante y después de la campaña presidencial de 2017, los líderes de la Alianza y sus equipos estaban sujetos al espionaje estatal", dijo el portavoz Rodolfo Pastor."La información publicada a menudo fue manipulada para crear confusión, desconfianza o división dentro de la oposición".

La Campaña Contra el Comercio de Armas exigió la revocación de las licencias y una investigación para determinar si los equipos del Reino Unido se han utilizado para reprimir a civiles."El gobierno británico tiene preguntas serias para responder.Es totalmente irresponsable vender equipos de vigilancia a regímenes autoritarios como el de Honduras ", dijo el portavoz del grupo, Andrew Smith.

Un portavoz de DIT dijo que no autorizó exportaciones que no cumplían con criterios estrictos, "incluso donde evaluamos que existe un claro riesgo de que los bienes puedan ser utilizados para la represión interna".

Lea aquí el artículo original del prestigioso diario "The Guardian"

 

 

El Gobierno de Honduras, vende una realidad a los ciudadanos que no existe, especialmente cuando dice que hemos mejorado en turismo e inversión. Según el último informe del Foro Económico Mundial, esto no es del todo cierto.

El Foro Económico Mundial (World Economic Forum - WEF) publica varios informes ligados a competitividad global y algunos específicos como el l Informe sobre Competitividad en Viajes y Turismo.

Del informe sobre Turismo y Viajes 2017 se puede concluir que Honduras está estancado en el puesto 90 de 136 desde 2015, y en el informe 2017 sigue apareciendo en la misma posición. Uno de los factores más complicados es seguridad.

Por ejemplo, en el índice de asesinatos, Honduras se ocupa en la última posición 136 de 136 países, según datos de la ONUDC, arriba de Honduras se encuentran El Salvador en 135, Venezuela 134, Lesotho 133, Jamaica 132, Sudáfrica 131, Guatemala 130 y Colombia 129, esto según datos de la ONUDC, siglas en inglés de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que es una agencia especializada de las Naciones Unidas.

En cuanto al informe Global de Competitividad 2017-2018 que evalúa los factores que impulsan la productividad y crecimiento en 137 países:

Las primeras posiciones son ocupadas por: Suiza (1) que continúa en el primer lugar seguida de Estados Unidos (2) que sube una posición, mostrando mejora constante desde el 2010. Luego se ubican Singapur (3), Holanda (4), Alemania (5), Hong Kong (6), Suecia (7), Reino Unido (8), Japón (9) y Finlandia (10). Mayor detalle en Anexos 1 y 2.

En el caso de Honduras, cayó de la posición 88 a la 96, con respecto a 2016. Nuestro país se ubica en el puesto 96, lo cual representa un retroceso de 8 posiciones respecto al Informe del año pasado.

Los retrocesos de Honduras donde empeoró de un total de 136 países corresponden a los pilares: Instituciones se bajó de (102 a 120), este punto se refiere a la calidad de las instituciones, Salud y Educación Primaria se bajó de (80 a 89), en Educación Secundaria y Capacitación se bajó de (101 a 102) Eficiencia del mercado de bienes empeoró de (94 a 98), Eficiencia del mercado laboral bajó de (118 a 124), en Sofisticación empresarial bajó de (73 a 88) y en innovación de (102 a 108)

En temas específicos el institucional es uno de los que más complica los negocios: Entre ellos Independencia Judicial y certeza legal. La capacidad de la salud y la educación primaria y secundaria, de igual forma el mercado laboral. El gobierno ha estado mintiendo sobre estas mejoras.
Como principales problemas para hacer negocios en Hondura sobresalen: Impuestos, Crimen y robo, Corrupción y regulación de impuestos.

En Latinoamérica y el Caribe, este año se ubican delante de Honduras: Chile (33), Costa Rica (47), Panamá (50), México (51), Colombia (66), Jamaica (70) Perú (72), Uruguay (76), Brasil (80), Trinidad y Tobago (83), Guatemala (84), Argentina (92), Nicaragua (93)
Detrás nuestro están:, Honduras (96), Ecuador (97), República Dominicana (104), El Salvador (109), Paraguay (112), Venezuela (127) y Haití (128). (Anexo 5). Click aquí para ver el informe

El modelo de competitividad del WEF considera que los países pasan por 3 fases de desarrollo con 2 fases de transición. Primera Fase: Economía basada en factores básicos de producción. Segunda fase: Economía basada en la eficiencia (Nuestro país se encuentra ubicado en esta fase). Tercera Fase: Economía basada en la Innovación (Anexo 7). Click aquí para ver el informe

El Perfil e información detallada de nuestro país se incluyen como Anexo 8. Click aquí para ver el informe

Entre los factores más problemáticos para hacer negocios en Hondura destacan este año: Corrupción, Burocracia gubernamental, Impuestos, Inadecuada infraestructura, Regulaciones laborales restrictivas, Inseguridad, entre otros.

Latinoamérica y el Caribe

En la región 8 países mejoran ubicaciones. Principales avances corresponden a: Argentina (+12), Trinidad y Tobago (+11), Nicaragua (+10), Costa Rica (+7) y Jamaica (+5).

Los mayores retrocesos son: República Dominicana (-12), Panamá (-8) y Honduras (-8).

Según el WEF “El pobre desempeño de Latinoamérica y la falta de progreso de la región para cerrar brechas frente a los países líderes se debe a la baja productividad, informalidad, escasa diversificación de las exportaciones, insuficientes mecanismos para crear empleo y financiamiento ante la creciente demanda de mejores bienes públicos.”

“A pesar del deterioro de algunos de los pilares fundamentales de la competitividad, la región progresa en Infraestructura, Salud y Educación”. “Mejoras en Preparación tecnológica e Innovación, ayudarán a nuestra región a descubrir nuevas fuentes de crecimiento y garantizar un crecimiento inclusivo y amplio”.

Competitividad y Productividad

El Foro Económico Mundial mide y compara la competitividad de los países desde 1979. Define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país.

La productividad, a su vez condiciona el nivel de prosperidad que puede alcanzar una economía. La productividad conduce al crecimiento y permite niveles de ingresos más altos y mayor bienestar.
Los datos utilizados en el Informe se obtienen de dos fuentes principales: la Encuesta de Opinión que este año fue respondida por cerca de 14,000 ejecutivos de 137 economías y de “datos duros” obtenidos de fuentes internaciones entre ellas: FMI, OMS, UIT, UNESCO, UNCTAD, OECD, Banco Mundial y OIT.

El Centro de Desarrollo Industrial CDI de la Sociedad Nacional de Industrias es contraparte local del WEF desde la incorporación del Perú al Informe Global de Competitividad el año 1995.

Click aquí para ver el informe

 

Sin contar con el Fraude Electoral de 2017, el Régimen de JOH deja a Honduras aplazada en el Índice Mundial de Estado de Derecho 2017-2018

Según el informe del Índice de Estado de derecho 2017-2018 que elabora el World Justice Project (WJP), Honduras figura entre los países latinoamericanos peor evaluados como es el caso de México, Venezuela, Guatemala, Bolivia y Nicaragua.

El Índice de Estado de derecho del WJP se basa en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de derecho en situaciones prácticas y cotidianas.

El Índice evalúa el desempeño de los países utilizando 44 indicadores organizados en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal. Las puntuaciones se pueden comparar a nivel global, regional, y por nivel de ingreso.

Estos factores pretenden reflejar cómo las personas experimentan el Estado de derecho en sus vidas cotidianas.

El Índice del Estado de Derecho 2016 del World Justice Project afirma que un Estado de derecho efectivo “reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias tanto pequeñas como mayores”.

El estudio analiza cómo se experimenta el Estado de derecho por los habitantes de 113 países alrededor el mundo al utilizar más de 110 mil encuestas en hogares y 2,700 realizadas a expertos.

Al igual que en la edición 2015, Dinamarca ocupa el primer lugar de este índice, seguido nuevamente de Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido.

El país mejor calificado de América Latina y el Caribe fue Uruguay, que ocupa el puesto 22 de 113 países, seguido por Costa Rica y Chile. Surinam fue el país que experimentó el mayor cambio, pues cayó 10 lugares –hasta ubicarse en el puesto 69 de 113 países.

Honduras

Honduras empeoró con respecto a 2016 y sin tomar en cuenta la actual crisis post electoral generada por el fraude de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, bajó una posición en la medición de Estado de derecho, al pasar del lugar 102 al 103, de un total de 113 países. Esto lo ubicó en la posición 28 de 30 países en la región, y en el puesto 25 de 30 países de ingreso medio bajo.

Nuestro país obtiene malas puntuaciones prácticamente en todos los factores y a pesar de la propaganda del régimen que dice que hemos mejorado en la lucha contra la corrupción y la justicia.

Nuestra peor calificación es en Justicia criminal, en donde quedamos en el lugar 111 de los 113 países, también mal en el Cumplimiento Regulatorio o el cumplimiento de la ley, donde nos ubicamos en 104 de 113, seguido de, en Justicia Civil ocupamos 99 de 113 y en ausencia de corrupción quedamos en 98 de 113, en Derechos fundamentales 97 de 113, en Orden y seguridad en el puesto 92 de 113 y el menor es en el factor de Gobierno abierto ocupamos el puesto 91 de 113, claramente muy mal en transparencia, tomando en cuenta la ley de secretos.

Honduras solo tuvo una leve mejora un solo de los 8 factores que es en el factor de Orden y Seguridad en el que se ubicó en el lugar 92 de 113, mejorando al año anterior, pero igual con una pésima calificación.

Aquí puedes ver las proyecciones del Rule Of Law Index