El Consejo Nacional Anticorrupción emitió mediante su directora, la abogada Gabriela Castellanos una denuncia de irregularidades en la adjudicación de proyectos de carreteras.  Esta denuncia se hace luego que en una línea de investigación del CNA arroja reveladoras pruebas del modus operandi de las autoridades de la desaparecida institución SOPTRAVI durante el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa.

El comunicado del Consejo Nacional Anticorrupción se abstuvo de dar nombres de las partes involucradas, sin embargo el comunicado menciona datos claves con los que se concluye a las personas investigadas en estas irregularidades. En el gobierno de Lobo Sosa ejercía como ministro de SOPTRAVI el ex alcalde de Tegucigalpa, Miguel Rodrigo Pastor Mejía quien estuvo frente a la desaparecida institución desde el 2010 hasta Abril de 2014.

El CNA menciona que los contratos que se adjudicaron eran a favor de una empresa cuyos dueños de la empresa eran miembros de una organización criminal que actualmente se encuentran en proceso judicial en la Corte Federal de un gobierno extranjero.

NotiBomba tuvo la exclusiva del testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga con fecha de 16 de Marzo de 2017 en donde el líder del Cartel de los Cachiros menciona (en la página 91 del documento) el nombre del ex edil capitalino Miguel Pastor en su testimonio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo.

Los cachiros son una organización criminal que actualmente llevan un proceso de cooperación con la Corte Federal de Nueva York como testigos protegidos de la fiscalía de los Estados Unidos, en el juicio contra el hijo del expresidente Lobo. En este juicio Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex lider de los Cachiros ha puesto a temblar a la cúpula del Partido Nacional ya que en el testimonio también ha mencionado el pago de sobornos al hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

En la transcripción oficial del testimonio del Cachiro se le pregunta quien es Liana Bueso, a lo cual Rivera Maradiaga contesto que era la secretaria de Miguel Pastor y del acusado (Fabio Lobo).  Luego le preguntaron si ella trabajo para el (Rivera Maradiaga), a lo cual Rivera Maradiaga contesto, que en una ocasión se reunió con ella y con Fabio Lobo, cuando Lobo tenia contratos del gobierno que se repetían.

En otra prueba presentada por la fiscalía de los Estados Unidos en el juicio contra Fabio Lobo con nombre "Government Exhibit 10 15 Cr. 174 (LGS)" la cual fue una llamada telefónica entre Lobo y Maradiaga se vuelve a mencionar el nombre de Miguel Pastor.

En esta llamada Rivera Maradiaga le pregunta a Lobo, Sí. ¿Y… y Miguel Pastor… y Miguel Pastor qué ha sido? A lo que Lobo contesto, Pues es que Miguel Pastor, mi papa me conto que lo había visto en el.. en el aeropuerto el otro día. Sí le estuve hablando para… después de eso y nunca me contestó a ver cual es la situación (audio interrumpido) usted.

Según el comunicado del CNA el modus operandi de las autoridades de SOPTRAVI (Periodo 2010-2014) de ese entonces era dar contratos por un valor menos de Lps. 1,700,000 para evitar que fueran a licitación pública según el artículo 31 de Disposiciones Generales del Presupuesto de la República del año 2010. En un caso en particular se aprobaron alrededor de 8 contratos en un día con un monto total de 13.4 millones de lempiras para la pavimentación de concreto hidráulico en casco histórico del municipio de Tocoa, Colón. Municipio conocido en ese entonces como el cuartel de los cachiros.

En total fueron pagados a esta empresa alrededor de 17 contratos con un total que asciende a los 104 millones de lempiras.

A continuación el comunicado del Consejo Nacional Anticorrupción

El Consejo Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en la adjudicación

de proyectos por parte de exfuncionarios de la desaparecida Soptravi a grupo

de criminalidad organizada

Este día el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se personó ante la Unidad Fiscal Especial Contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC), para presentar una denuncia que contenía un informe sobre el análisis de la suscripción y ejecución de veinticuatro (24) contratos fraccionados durante el periodo comprendido entre 2010-2014 en la Dirección de Carreteras de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi); se pudo constatar que algunos de los socios de la empresa contratada, pertenecían a un grupo de criminalidad organizada y que actualmente se encuentran en proceso judicial en la Corte Federal de un gobierno extranjero.

El CNA se encontró en la capacidad de verificar que de los 24 contratos suscritos, un total de 17 fueron pagados por un monto que asciende a ciento cuatro millones ciento noventa mil seiscientos ochenta y cinco lempiras (L 104,190,685.00).

Entre los hallazgos relevantes, se identificó que el 5 de octubre de 2010, las autoridades de la Secretarla de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) efectuaron la adjudicación de 8 contratos fraccionados a la empresa antes descrita para la pavimentación de concreto hidráulico a calles ubicadas en el municipio de Tocoa, Colón; los montos totales de los contratos fraccionados de manera dolosa llegaron a sumar en un mismo día 13.4 millones de lempiras. Por el contrario, el modo de operar se constató que los montos no sobrepasaban la cantidad de 1,700,000.00 lempiras, convenientemente con la intención de no llegar al monto de 1,800,000.00 lempiras; que según el articulo 31 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la Republica vigentes para el año 2010, estipulaba dicha suma para realizar Licitación Publica; adicionalmente, a ello se confirmó que estos proyectos debían ejecutarse en la misma zona del casco urbano de la ciudad de Tocoa, lo que demuestra una clara practica de fraccionamiento de contratos.

El CNA verificó cada uno de los proyectos, logrando constatar la inexistencia de la obra y comprobándose de manera irrefutable el fraude en contra del Estado. Siendo esto un caso evidente de planificación para el concierto previo y mala fe por parte del representante de la Dirección General de Carreteras, quien certificó la falsa ejecución de los trabajos de pavimentación, con la cooperación del personal perteneciente a esta dependencia; es de hacer notar que: dentro del esquema de participación también se determinó la colaboraci6n por parte de dos empresas mas, quienes desempeñaron un papel necesario prestando su nombre para acreditar la realización de los proyectos que en realidad nunca fueron ejecutados, a pesar de todo, si fueron efectivamente pagados con fondos públicos.

La colación de estos hechos deriva en un demostrado delito de fraude en perjuicio de la Administraci6n Pública, a través de prácticas falaces con el aprovechamiento de las funciones y altos cargos ostentados por los exfuncionarios denunciados y con la necesaria complicidad de empresas mercantiles que se prestaron a consolidar este andamio de corrupción forjado en la antigua Soptravi.

Tegucigalpa, MDC, 28 de mayo de 2018.

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra dos diputados nacionalistas.  Entre los requeridos esta el Secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano y diputado Román Villeda Aguilar.

La MACCIH señalo que los congresistas son los supuestos responsables de cambiar el texto de la reforma de Ley de Presupuesto.

El texto de la reforma publicada en el diario oficial La Gaceta no fue la que se leyó y aprobó en el Congreso Nacional acto considerado como delito por violentar la voluntad del pleno

El acto habría sido para favorecer a los diputados implicados en otro caso de corrupción también señalado por la MACCIH y mejor conocido como el “Pacto de Impunidad”

A continuación el comunicado oficial de la MACCIH,

Equipo integrado MACCIH-OEA Y UFECIC-MP judicializa caso

''Pacto de lmpunidad''

Tegucigalpa. Luego de una rigurosa investigaci6n realizada por el Equipo lntegrado de investigación y Persecución Penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupci6n y la lmpunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos {MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la lmpunidad del Ministerio Publico (UFECIC-MP), hoy se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento fiscal contra los diputados ROMÁN VILLEDA AGUILAR Y JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA, por los presuntos delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y DELITOS CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO.

La MACCIH-OEA propuso al Ministerio Publico que este caso fuera remitido a UFECIC para ser investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes que se tratar la de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto, en donde los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso, con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos, tal como se detalla a continuación.

1. Este caso denominado "Pacto de lmpunidad", se originó el 11 de diciembre del ano 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la lmpunidad y la Corrupci6n (UFECIC), con el apoyo de OEA-MACCIH, present6 Requerimiento Fiscal en el caso "Red de Diputados" contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversaci6n de Caudales Públicos.
2. La audiencia inicial se encontraba en tramite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
3. Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada "Red de Diputados", argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos.
4. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias publicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de "un simple error" y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha "fe de erratas" sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulaci6n del requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno.

Esta acción conjunta demuestra una vez mas, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado y reiteramos que seguimos trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que estamos pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaria General de la OEA.