La candidatura del presidente para un segundo mandato alarma a los demócratas.
Por: The Economist
En la madrugada del 28 de junio de 2009 una unidad del ejército hondureño irrumpió en la casa del presidente, Manuel Zelaya, desarmó a su guardia y lo llevó a un avión con destino a Costa Rica. El ejército envió tanques a las calles, silenció las estaciones de radio y televisión y cortó electricidad y agua a partes de Tegucigalpa, la capital. Una falsa carta de renuncia de Zelaya fue leída en el Congreso de Honduras, que aprobó su destitución. Fue el último golpe de Estado latinoamericano.
A medida que se acerca una elección general en noviembre, esos eventos son predominantes en la mente de los hondureños. Eso se debe en parte a que el señor Zelaya no se ha ido; Su esposa, Xiomara Castro, es candidata presidencial. Y lo que es más importante, el actual presidente, Juan Orlando Hernández, está rompiendo un tabú por el cual el señor Zelaya fue expulsado del cargo para proteger: se postula a la reelección. Eso, además del estilo autoritario del señor Hernández, ha hecho de la principal cuestión electoral el destino de la democracia misma.
Los autores de la constitución, adoptada en 1982, querían evitar que los fuertes forajidos se consolidaran en el poder. Sin ambigüedad, el documento declara que cualquiera que haya ejercido el “poder ejecutivo” no puede ser presidente. Un titular de la oficina que simplemente aboga por cambiar esa disposición “inmediatamente” será despedido. El señor Zelaya, de sombrero blanco, cuya debilidad por el socialismo venezolano aterrorizó a la élite hondureña, planeó celebrar un referéndum no vinculante sobre si convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Muchos pensaron que lo usaría para aferrarse al poder indefinidamente. Eso provocó su remoción.
El señor Hernández, cuyos talentos maquiavélicos impresionarían incluso al filósofo florentino, no hizo nada tan torpe. Es un beneficiario de un juicio interpuesto por un ex presidente, Rafael Callejas, quien sostuvo que el término límite violaba sus derechos humanos. En abril de 2015, la Corte Suprema falló en favor del ex presidente, suspendiendo la prohibición constitucional de reelección. El Sr. Callejas no está corriendo, pero el señor Hernández lo está.
Él es una paradoja. Acreditado con el fortalecimiento de lo que había amenazado con convertirse en un estado fallido, también se le acusa de atrofiar su desarrollo. Él gobierna un país que sirve como conducto para gran parte de la cocaína que entra en los Estados Unidos, y donde la policía y los políticos están enredados con bandas de narcotraficantes. El hijo de Porfirio Lobo, predecesor del señor Hernández, se ha declarado culpable del tráfico de cocaína. Más del 60% de los hondureños son pobres. En 2013, el año anterior a la toma de posesión de Hernández, Honduras era todavía el país con más asesinatos del planeta. Las finanzas públicas eran un desastre: el déficit presupuestario era del 7,9% del PIB (véase gráfico). Unos 600.000 hondureños, alrededor del 7% de la población, se han trasladado a los Estados Unidos.
El señor Hernández, que fue educado en una academia militar, trajo un golpe de autoridad. En su ceremonia de inauguración despachó dramáticamente al ejército para tomar el campo contra criminales. “La fiesta ha terminado”, declaró. La tasa de asesinatos ha caído desde que el ejército tomó posiciones en los barrios más violentos del país, ayudados por programas de prevención del delito financiados por Estados Unidos. Hernández ha interrumpido algunas redes de narcotraficantes y enviado a decenas de presuntos narcotraficantes a los Estados Unidos para ser juzgados, obteniendo la gratitud tanto de las administraciones de Obama como de Trump.
Él estabilizó las finanzas del gobierno levantando el impuesto sobre las ventas y cortando la cuenta salarial. Los pobres se salvan, insisten los aliados de Hernández. Muchos se benefician de “Vida Mejor” un programa que proporciona techos, filtros de agua y otras golosinas. Los maestros han sido disciplinados: los escolares ahora pasan 225 días al año en el aula. Con la ayuda de McKinsey, una consultora, el gobierno ha elaborado un plan para desarrollar industrias como el turismo, textiles y call centers.
Estos logros han generado más sospechas que la buena voluntad. Esto se debe en parte a que el señor Hernández parece empeñado en controlar las instituciones que pretende fortalecer. “Estamos pagando por la seguridad con la moneda de la libertad”, dice Raúl Pineda, un analista político que apoya al Partido Nacional de Hernández.
Las dudas comienzan con la política firmada por el presidente de enviar al ejército a combatir el crimen. Las unidades militares disuaden la violencia, pero después de una caída la tasa de homicidios se ha estabilizado a un nivel alto. La mayoría de la gente todavía piensa que la inseguridad es el mayor problema. El gobierno planea reemplazar a los soldados con una fuerza de policía reformada, pero eso llevará años. Mientras tanto, el señor Hernández está difundiendo la mentalidad militar a través de su administración. Él ha desplegado oficiales en todas las ramas del gobierno para servir como sus “ojos y oídos”, dice el Sr. Pineda.
El poder judicial y la comisión electoral están subordinados al presidente, dice. En una clasificación de los sistemas judiciales por el Proyecto de Justicia Mundial, un grupo de presión, Honduras es el 92º de los 113 países en su medida de restricciones a los poderes del gobierno. Durante la presidencia de Lobo, el sistema de seguridad social fue defraudado por 300 millones de dólares; Una pequeña cantidad de dinero de firmas vinculadas al escándalo ayudó a financiar la campaña de Hernández (sin su conocimiento, dice). Esa revelación provocó protestas semanales con antorchas y demandas por su renuncia en 2015.
Trató de bajar la temperatura invitando a una misión anticorrupción, MACCIH, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos. Tiene grandes ambiciones: ayudar a los fiscales a investigar la corrupción, estimular una limpieza del financiamiento de los partidos y alentar la reforma judicial. Una nueva unidad de investigación y fiscalía especializada en corrupción comenzará a trabajar el próximo mes. MACCIH ayudó a ganar largas penas de cárcel para el ex jefe del instituto de seguridad social. “Nunca tuvimos esa sentencia antes por corrupción”, dice su jefe peruano, Juan Jiménez.
Pero el grupo está encontrando tanta resistencia como la colaboración. Se ha enfrentado con el congreso sobre la aplicación de la ley de financiación de partidos y con el presidente y el congreso sobre el nombramiento de los magistrados al organismo de control del gasto del gobierno. El MACCIH está siendo sometido a una “campaña negra”, dice Jiménez.
Ahora, el juicio del hijo de Lobo en Nueva York amenaza con dañar la imagen de Hernández. En marzo, un tribunal oyó a un ex miembro de Los Cachiros, una banda de narcotraficantes, testificar que había conocido al hermano del señor Hernández, Tony. El propósito era persuadir al gobierno a pagar su deuda a una compañía utilizada por la pandilla para lavar dinero. Tony Hernández niega la reclamación.
La oferta de la reelección del presidente tapa la lista de quejas contra él. Él prefiere limitar a los presidentes a dos términos de cuatro años, que es la práctica en los Estados Unidos. La oposición, que considera que todo el proyecto es ilegítimo, se niega a escribir esa disposición en ley. Si el señor Hernández gana la elección, “validaría la ruptura con la constitución”, dice Edmundo Orellana, ex ministro de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores.
Aunque casi dos tercios de los hondureños se oponen a la reelección, el señor Hernández puede muy bien prevalecer. El golpe fracturó el sistema bipartidista del país, en el cual el Partido Nacional se turnaba en el poder con los liberales, cuya ideología y programa diferían poco. El derrocamiento de Zelaya, un liberal, dividió ese partido, con algunas facciones respaldando el golpe. Los partidarios de Zelaya se separaron para formar Libre, que está proyectando a la Sra. Castro.
Ella comparte el campo anti-Hernández con otros dos contendientes: Salvador Nasralla, un extravagante comentarista deportivo, que es el candidato del Partido Anticorrupción, y Luis Zelaya (sin relación con Manuel), el candidato de los Liberales. El Sr. Zelaya, un profesor universitario de voz suave y sin experiencia política, se opone tanto al sistema tradicional como al Sr. Hernández. Su Partido Liberal es “el mismo” que los otros, confiesa. Ofrece un programa de “liberalismo social”, que incluye metas tales como impuestos más justos, libertad de expresión y educación para todos. Pero “ningún modelo económico funciona si usted no tiene institucionalidad”, dice.
Sus esperanzas de ganar una elección de una vuelta pueden depender de la unidad dentro de la oposición, que aún no se ha desarrollado. Libre y el Partido Anticorrupción parecen estar cerca de unirse detrás del Sr. Nasralla. Si el Sr. Zelaya se uniera, podría dirigir la coalición. Pero él dice que no aceptará un acuerdo basado en el habitual reparto de los mejores empleos entre los partidarios del partido. Zelaya piensa que puede ganar de todos modos, mientras los votantes desencantados se unen detrás de él. Pero sería imprudente apostar contra el astuto señor Hernández ganando un mandato más de cuatro años, al menos.
Fuente:
http://www.economist.com
Tras conocer que la estructura del PAC que apoya a Salvador Nasralla, realizara el día de ayer domingo, una Asamblea para ratificarlo como presidente de ese instituto político, Marlene Alvarenga, lamentó lo hecho por esa Asamblea y le deseó suerte a Nasralla.
