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La Ley de Comandos de Defensa en Venezuela, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, refuerza el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y la defensa del Estado.
Esta nueva normativa otorga mayores atribuciones al Ejecutivo y al sector militar, consolidando la estructura de comando y coordinación frente a amenazas internas y externas.
El gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, sostiene que esta medida es indispensable ante escenarios que amenazan la soberanía y la paz.
Varios analistas, sin embargo, alertan sobre el riesgo de concentración de poder y el posible debilitamiento de las instituciones civiles frente al control militar.
"La única intención que persiguen, visto lo fútil, lo estúpido y lo calumnioso de los argumentos que están utilizando a través de la instalación de falsas razones […]; la única intención real […] es promover un cambio de régimen en Venezuela para robarse –ya lo dicen de manera abierta, de manera descarada– para robarse los recursos naturales de la República Bolivariana de Venezuela. El tema para ellos [EE.UU.] es nuestro petróleo, nuestras tierras raras, el oro, los minerales preciosos", dijo el jefe.
Implicaciones políticas y sociales de la ley en Venezuela
La Ley de Comandos de Defensa establece la creación de nuevas unidades de defensa en todos los niveles territoriales, permitiendo la movilización rápida y coordinada de fuerzas armadas ante emergencias.
Críticos señalan que puede facilitar la represión de protestas y limitar derechos civiles, argumentando que la intervención militar en asuntos internos suele limitar la transparencia y la democracia.
Por otro lado, el oficialismo defiende la ley como un pilar para la protección nacional ante amenazas externas y el combate al crimen organizado.
La iniciativa ha generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional, quienes llaman al respeto de las garantías ciudadanas.
