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La intervención militar en México se consolida como una de las promesas reiteradas por la Casa Blanca para combatir el avance de los cárteles mexicanos.
En una reciente rueda de prensa, funcionarios destacados del gobierno de Joe Biden señalaron que esta estrategia responde a la necesidad de contener la violencia y el tráfico de drogas que afectan no solo a México, sino también a Estados Unidos.
La administración estadounidense ha presentado repetidas veces el uso de fuerzas armadas y acciones conjuntas con el gobierno mexicano como parte de un plan integral de seguridad fronteriza.
Sin embargo, la propuesta sigue generando debate tanto dentro de México como en varios sectores políticos de EEUU, donde algunos legisladores insisten en que la intervención militar es la vía más efectiva, mientras organizaciones civiles advierten de posibles riesgos para la soberanía mexicana.
Argumentos y reacciones ante la promesa estadounidense
La Casa Blanca argumenta que la intervención militar sería limitada y específica contra los grupos responsables del narcotráfico, contribuyendo así a disminuir la violencia y los flujos de drogas sintéticas como el fentanilo.
A pesar de ello, autoridades mexicanas han manifestado su preocupación por la extraterritorialidad de estas acciones y su posible impacto en la población civil.
Según la legislación mexicana, cualquier operación militar extranjera en territorio nacional requiere una coordinación previa y el respeto a los tratados bilaterales de cooperación.
En el contexto internacional, esta discusión también ha llamado la atención de organismos de derechos humanos, quienes piden priorizar soluciones diplomáticas y fortalecer los mecanismos de inteligencia conjunta.
