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Decenas de colectivos, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas en México han exigido a las autoridades una investigación inmediata e independiente sobre el hallazgo de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Mediante un pronunciamiento firmado el martes, los grupos instaron al Gobierno Federal a asumir la investigación y sancionar a los responsables de las omisiones y encubrimientos que, en su opinión, han dificultado el esclarecimiento del caso.
El hallazgo de este sitio refuerza la preocupación sobre la violencia generalizada en diversas regiones del país, así como el modus operandi de los grupos delictivos, que incluyen desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, muchas veces con la presunta complicidad de autoridades estatales y municipales. "Resulta imposible aceptar que este megacampo de exterminio operara sin la complicidad de autoridades o fuerzas de seguridad", señalaron en el comunicado.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, respaldó esta preocupación al declarar que no es creíble que las autoridades locales desconocieran la existencia de este lugar. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco ha evitado pronunciarse sobre estos señalamientos, limitándose a indicar que investigará posibles omisiones por parte de las autoridades.
El sitio en cuestión fue descubierto en septiembre de 2024 durante un operativo de la Guardia Nacional, que resultó en la detención de diez personas. Desde entonces, ha permanecido asegurado por la Fiscalía de Jalisco, aunque los colectivos denuncian que tras la intervención inicial no se aplicaron los protocolos adecuados de exhumación de las posibles fosas clandestinas.
La organización Guerreros Buscadores de Jalisco logró ingresar al rancho el pasado 5 de marzo, encontrando decenas de pertenencias personales, como ropa, zapatos, mochilas, identificaciones y listas con nombres y apodos. Además, se descubrieron al menos tres hornos crematorios con restos óseos incinerados, ocultos bajo una estructura de ladrillo y tierra.
El gobierno federal ha informado que la Fiscalía General de la República, en colaboración con el gobierno de Jalisco, continuará con la investigación para deslindar responsabilidades. Mientras tanto, peritos forenses siguen trabajando en la clasificación de evidencias y en la posible identificación de víctimas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta el 12 de marzo de 2025, en México se contabilizan 123,927 personas desaparecidas y no localizadas, con Jalisco encabezando la lista con más de 15,000 casos. Esta situación se ha agravado desde 2006, tras la declaración de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón.
La revelación del campo de exterminio en Teuchitlán es un recordatorio de la crisis de desapariciones forzadas en el país y de la urgencia de acciones concretas para garantizar verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
