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La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar las diligencias de investigación abiertas contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos antiguas empleadas de su servicio doméstico. La decisión se fundamenta en la falta de competencia de los tribunales españoles para investigar hechos que, según la denuncia, habrían ocurrido fuera del territorio nacional, concretamente en el Caribe.
En el decreto de archivo, el Ministerio Público argumenta que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para conocer el caso, ya que los presuntos hechos se atribuyen a países que cuentan con competencia clara para investigarlos. Además, precisa que esta resolución no es recurrible y señala a las denunciantes que, si lo consideran oportuno, pueden presentar sus denuncias ante los órganos judiciales competentes en los países donde habrían ocurrido los hechos.
La Fiscalía recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, España no debe investigar delitos cometidos en el extranjero cuando existen Estados con competencia efectiva para hacerlo y no hay razones que impidan iniciar acciones penales en esos territorios. Aunque uno de los delitos denunciados, la trata de seres humanos, puede perseguirse de forma extraterritorial, la ley exige vínculos claros con España, como que las víctimas sean nacionales o residentes en el país, condiciones que no se cumplen en este caso.
Según el decreto, las denunciantes son extranjeras, no residen en España y los hechos se atribuyen a países plenamente competentes. Asimismo, los denunciados —además de Julio Iglesias, otros dos ciudadanos extranjero— tampoco residen en territorio español. La Audiencia Nacional ha reiterado en casos similares que España no es competente cuando no existen conexiones relevantes con el país.
Tras conocerse el archivo, el equipo jurídico de Julio Iglesias expresó su satisfacción con la decisión, señalando que se ajusta a la legalidad vigente. No obstante, denunció lo que calificó como un “linchamiento público” y un “montaje mediático” que, según afirman, ha causado un daño significativo a la imagen y al entorno personal del artista.
Por su parte, organizaciones que apoyan a las denunciantes, como Women’s Link y Amnistía Internacional, calificaron la decisión de “lamentable” y anunciaron que las extrabajadoras continuarán explorando otras vías legales. En un comunicado conjunto, subrayaron que el archivo se basa en una cuestión de jurisdicción y no en un análisis de fondo sobre la culpabilidad o inocencia del denunciado, lo que deja abierta la posibilidad de acudir a otros tribunales.
Las organizaciones criticaron además la rapidez con la que se tomó la decisión y defendieron que la justicia debe poder ejercerse más allá de las fronteras, especialmente en casos de presuntas violaciones de derechos humanos, insistiendo en que las denunciantes seguirán buscando que su caso sea investigado.
