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En las últimas horas, el gobierno de Ucrania acusó públicamente a Rusia de trasladar niños secuestrados en territorios ocupados hacia países aliados, incluyendo Corea del Norte.
La denuncia apunta a la sistemática deportación de menores desde regiones ucranianas bajo control ruso, lo que ha provocado una fuerte reacción internacional y renovados cuestionamientos por posibles crímenes de guerra.
Según informaron autoridades ucranianas, la identidad y el paradero exacto de los niños trasladados se mantiene incierto, pero existirían evidencias de que parte de ellos han sido enviados a territorio norcoreano, un aliado clave de Moscú.
Esta afirmación surge en medio de la investigación sobre la desaparición forzada de miles de menores desde el inicio de la invasión rusa, cifra que organizaciones humanitarias estiman en varios miles.
Dmytro Lubinets, defensor del pueblo para los derechos humanos en Ucrania, informó sobre pruebas que señalan la existencia de campos en territorio norcoreano donde menores ucranianos, extraídos por la fuerza de áreas ocupadas por Rusia, son trasladados a instalaciones privadas para procesos de rusificación, instrucción militar y restricción absoluta del idioma y cultura ucraniana, a 9.000 kilómetros de sus hogares.
Preocupaciones internacionales por el destino de los niños desplazados
La denuncia de Ucrania ha motivado reacciones de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
La deportación de niños en contextos bélicos es considerada una grave violación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Diversos informes han alertado previamente sobre el traslado forzoso de menores a Rusia, pero la mención de Corea del Norte como destino final aumenta la preocupación global sobre el destino y situación de los afectados.
Esta práctica ya había sido señalada como parte de una estrategia para desarraigar a los niños ucranianos y someterlos a procesos de reeducación o adoctrinamiento.
El hecho de que algunos sean enviados fuera de Rusia refuerza los llamados internacionales a que Moscú rinda cuentas ante la justicia y permita la repatriación segura de los menores.
