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Estados Unidos analiza retirar la ciudadanía a naturalizados sospechosos de haber cometido fraude en su proceso migratorio.
Esta política, impulsada por autoridades migratorias estadounidenses, busca encontrar y revocar hasta 200 casos de naturalizaciones al mes, una meta que algunos expertos consideran poco realista.
El tema ha generado debate, especialmente entre comunidades latinas y defensores de derechos migratorios, ante el temor de procesamientos injustos o errores administrativos.
Un proceso complejo: Desafíos de la medida
Para proceder con la revocación de ciudadanía, el gobierno de EEUU debe probar en tribunales que el beneficiario incurrió en fraude o tergiversó información relevante durante la naturalización.
Sin embargo, expertos migratorios han declarado que es casi imposible identificar tal cantidad de casos mensualmente y destacan los elevados recursos legales y administrativos que esto requeriría.
Además, organizaciones civiles subrayan que la medida podría generar miedo entre inmigrantes legalizados y abrir la puerta a decisiones cuestionables.
Activistas recomiendan que los naturalizados revisen sus historiales migratorios y conozcan sus derechos ante cualquier notificación.
Ante este escenario, resulta relevante la discusión sobre políticas migratorias que afectan a miles de centroamericanos y latinoamericanos en Estados Unidos.
