La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha presentado una denuncia en contra del Distrito Escolar de Nampa, Idaho, acusándolo de implementar un código de vestimenta que discrimina a estudiantes latinos, al considerar que ciertas prendas relacionadas con la cultura latina están "vinculadas a pandillas".
En una región donde aproximadamente el 40% de los estudiantes son latinos, se ha desencadenado una investigación federal por parte de la Sección de Oportunidades Educativas de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
La denuncia de la ACLU detalla cómo ciertas prendas y símbolos culturales han sido injustamente etiquetados como "vestimenta relacionada con pandillas", incluyendo elementos del estilo cholo mexicano-americano, rosarios católicos y la icónica imagen del águila azteca negra conocida como La Huelga, que es también el logotipo de la organización United Farm Workers fundada por César Chávez.
Erica Rodarte, parte del equipo de ACLU en Idaho, enfatizó el impacto negativo de estas restricciones: "Tener que eliminar artículos con un significado cultural y religioso muy importante tiene un impacto muy grande en su identidad y su educación", subrayó Rodarte.
Por su parte, la ACLU ha conversado con varias familias latinas afectadas por estas políticas discriminatorias. Una madre, identificada como Enedina, relató cómo su hijo ha sido acusado de estar vinculado a pandillas desde que estaba en la escuela primaria, basándose únicamente en su identidad racial y su vestimenta. La presión de estas políticas ha llevado a Enedina a tomar la difícil decisión de inscribir a sus hijos en escuelas charter fuera del distrito.
Aunque el Distrito Escolar de Nampa ha declarado estar "al tanto" de la denuncia y estar esperando orientación legal. El portavoz del Distrito escolar declaró en un comunicado: “Queremos dejar en claro que en ningún momento hemos respaldado o apoyado ninguna práctica que discrimine a ninguno de nuestros estudiantes".
La respuesta a esta denuncia y el curso de acción que tome el Departamento de Justicia serán observados de cerca no solo por la comunidad local, sino también por defensores de los derechos civiles en todo el país.