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El gobierno de Donald Trump ha abierto una investigación formal contra la Universidad de Harvard por presuntas denuncias de antisemitismo en su campus. El Departamento de Educación analizará si la institución ha incumplido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por origen étnico o religioso en entidades que reciben fondos federales.
El caso ha puesto en riesgo los más de 9.000 millones de dólares que Harvard recibe anualmente en financiamiento público, en medio de una postura más estricta de la administración Trump contra el antisemitismo en universidades. "No permitiremos que ninguna institución financiada por los contribuyentes se convierta en un entorno hostil para los estudiantes judíos", declaró un portavoz del Departamento de Educación.
La investigación se origina tras una serie de protestas pro-palestinas en Harvard, que según organizaciones judías habrían derivado en un ambiente intimidante para algunos estudiantes. Kenneth Marcus, presidente del Louis D. Brandeis Center, acusó a la universidad de no actuar con suficiente firmeza frente a estos incidentes.
El escrutinio sobre Harvard también alcanza a otras universidades como Columbia, donde se han reportado situaciones similares. Este debate ha avivado la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión y el discurso de odio en los campus universitarios.
Mientras algunos académicos denuncian que la medida es un intento del gobierno por presionar a instituciones de tendencia progresista, otros consideran que la revisión es necesaria para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Harvard ha reiterado su compromiso con la inclusión, mientras que el gobierno de Trump advierte que las universidades que no protejan a sus estudiantes podrían perder el acceso a fondos públicos.
