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Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, una medida que generó reacciones inmediatas tanto en el poder político como entre los manifestantes.
Esta decisión judicial, considerada clave en el contexto de continuas protestas sociales, refuerza la discusión sobre el rol y los límites de la intervención federal en las ciudades estadounidenses.
Los manifestantes reclaman reformas policiales y mayor respeto a los derechos civiles, mientras el gobierno federal había ordenado el despliegue de fuerzas militares para restablecer el orden.
“El fallo del juez no fue una cuestión procesal menor que el presidente pudiera sortear como hace mi hijo de 14 años cuando no le gustan mis respuestas”, dijo el fiscal de Oregón sobre el fallo.
Contexto: Protestas y militarización en Portland
En los últimos meses, Portland ha sido escenario de intensas protestas a favor de la justicia social y en contra del racismo institucional.
Ante esta situación, la administración federal consideró necesario enviar a la Guardia Nacional como medida de protección de los edificios gubernamentales y para responder a los disturbios.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y líderes locales condenaron esas acciones, señalando que la presencia militar podría agravar la tensión y vulnerar derechos fundamentales.
La intervención federal ha sido un tema controvertido en otros episodios similares en Estados Unidos.
Esta decisión del juez pone freno a los planes del gobierno y puede sentar precedente para futuras respuestas institucionales a manifestaciones sociales.
