Imágenes cortesía y de archivo.
El gobierno de Donald Trump anunció una intensificación de las redadas migratorias en Estados Unidos, enfocándose en lugares considerados tradicionalmente sensibles, conocido como estados santuarios.
Estos operativos, bajo el foco de las autoridades migratorias, llevarán la presencia de agentes a espacios como hospitales, escuelas y sitios de culto, trabajos. La medida que ha sido recibida con alarma en varias comunidades hispanas y por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las nuevas directrices buscan endurecer el control sobre inmigrantes indocumentados, elemento central de las recientes medidas migratorias de Trump.
La administración argumenta que reforzar las redadas migratorias en Estados Unidos tiene como objetivo mejorar la seguridad interna y asegurar la aplicación de la ley.
Sin embargo, activistas advierten sobre el temor añadido que producirán estos operativos, especialmente para familias que temen enviar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica por miedo a ser detenidos.
Según reportes, clínicas y organizaciones comunitarias temen efectos adversos en la salud y educación de la niñez migrante.
Reacciones de defensores y posibles consecuencias legales
Diversos grupos defensores de los derechos civiles han expresado públicamente su preocupación, resaltando que estas acciones podrían vulnerar protecciones legales básicas.
Algunos estados y ciudades han mencionado incluso la posible resistencia legal a la colaboración con las órdenes federales, como ha ocurrido anteriormente con las denominadas “ciudades santuario”.
Según expertos legales consultados por ACLU, la ejecución de redadas en áreas protegidas puede generar litigios por violación de derechos.
