Foto: Dr. Caitlin Bernard/The Indianapolis Star via AP.
El dilema ético y legal en torno al aborto continúa generando controversias y tensiones en Estados Unidos. En esta ocasión, el caso de la doctora Caitlin Bernard, una obstetra y ginecóloga de Indianápolis, ha puesto en peligro su licencia médica debido a la práctica de un aborto a una niña de 10 años que había sido violada.
Este suceso ocurrió apenas tres días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade, eliminando así la protección federal al derecho al aborto.
La niña, que se encontraba embarazada de seis semanas y tres días, fue referida a la doctora Bernard por un colega especializado en abuso infantil de Ohio.
La legislación de Indiana permite el aborto, por lo que la niña pudo someterse a la interrupción del embarazo de manera legal. Sin embargo, este acto médico ha desencadenado una serie de consecuencias legales y profesionales para la doctora.
El fiscal general de Ohio, Todd Rokita, quien está en contra del aborto, decidió investigar las acciones de la doctora Bernard, calificándola de "activista del aborto actuando como doctora".
La doctora Bernard intentó bloquear la investigación del fiscal Rokita sin éxito, sin embargo, un juez de Indianápolis señaló que el fiscal general había cometido infracciones ilegales al violar las leyes estatales de confidencialidad al hacer comentarios públicos sobre la investigación antes de presentar una denuncia formal contra la médica.
Esta situación ha llevado a la doctora Bernard a alzar su voz y defender su práctica médica. En una entrevista con The New York Times, resaltó el acoso y la violencia que han enfrentado los médicos que realizan abortos y la necesidad de desmentir la idea de que están haciendo algo ilegal o incorrecto.
La investigación de Rokita se centra en sí la doctora cumplió con los requisitos de denunciar el abuso infantil a las autoridades estatales de Indiana, como exige la ley. Sin embargo, los registros muestran que Bernard sí cumplió con esta obligación.
A pesar de ello, la doctora enfrenta posibles medidas disciplinarias, ya que se le acusa de violar las leyes estatales y federales de privacidad de los pacientes al revelar información a un periodista sobre el tratamiento de la niña.
La Junta de Licencias Médicas, compuesta por médicos y un abogado designado por el gobernador republicano Eric Holcomb, será la encargada de decidir si impone alguna sanción a la doctora Bernard.
Esta situación ha generado preocupación entre sus colegas médicos en Estados Unidos, quienes observan atentamente el desarrollo del caso mientras enfrentan un panorama incierto y temen entrar en conflicto con leyes que estan en constante cambio.
