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La Corte Suprema de Justicia de Panamá está evaluando si declara como no válido el polémico acuerdo entre el Estado y una empresa minera canadiense, una decisión que ha generado fuertes protestas y pérdidas financieras significativas. Grupos de manifestantes llevan días frente a la CSJ, buscando influir en los magistrados para que emitan un fallo a favor de la sociedad y pongan fin a la crisis que atraviesa el país.
En octubre, el Gobierno de Laurentino Cortizo aprobó la Ley 406, que extendía por 20 años el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la compañía canadiense First Quantum Minerals, permitiéndole la explotación de una mina de cobre a cielo abierto en el bosque de Donoso, en la provincia de Colón. Esta medida fue ampliamente rechazada en las calles, ya que se considera una amenaza para la biodiversidad y se señala que la Ley 406 no corrige las deficiencias que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a declarar inconstitucional un acuerdo anterior en 2017.
Mientras continúan las protestas, Minera Panamá, que planteó la posible suspensión temporal de sus operaciones, instó a la Corte a desestimar los recursos argumentando que el contrato no infringe la constitución, y además denunció una "presión política" a favor de los demandantes. Sin embargo, los manifestantes sostienen que el acuerdo es inconstitucional, perjudica los intereses nacionales y representa un riesgo para los bosques tropicales.
Estas manifestaciones, marcadas por el asesinato de dos participantes, han dejado al país en un estado de semi paralización. Expertos advierten sobre el impacto económico, señalando que el 70% de los empleos dependen de la presencia física y las restricciones de movilidad podrían causar un desempleo inmediato. Según el consultor laboral René Quevedo, se ha observado una reducción del 10% en las micro, pequeñas y medianas empresas este mes, así como la pérdida de 15,000 empleos temporales en centros comerciales, lo que podría traducirse en la eventual pérdida de 50,000 puestos de trabajo.
