Foto: Shutterstock 
El Gobierno argentino anunció un giro drástico en su política migratoria al presentar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece nuevas restricciones para los inmigrantes que ingresen o residan en el país. Aunque el decreto aún no fue publicado oficialmente, las autoridades ya adelantaron detalles que han generado controversia y fuertes reacciones.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el nuevo marco legal impedirá el ingreso de cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito, sin importar la gravedad, y habilitará la deportación de quienes ya estén en el país y cuenten con antecedentes penales. “Todo aquel que sea condenado será deportado, sea por el delito que sea”, afirmó Adorni en conferencia de prensa.
Hasta ahora, la legislación solo permitía rechazar o expulsar a personas con condenas superiores a tres años. Con esta modificación, el Gobierno también podrá actuar en casos de delitos menores o faltas migratorias como el ingreso ilegal o la falsificación de documentación.
El DNU también endurece los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, exigiendo a los solicitantes dos años de residencia continua en el país o una inversión económica significativa. Asimismo, quienes deseen la residencia permanente deberán demostrar medios económicos suficientes y no contar con antecedentes penales en su país de origen.
Una de las medidas más polémicas es la imposición de cargos a extranjeros por el uso de servicios públicos de salud y educación. A partir de la entrada en vigencia del decreto, los hospitales podrán cobrar por la atención médica a personas no residentes, y las universidades nacionales estarán autorizadas a establecer aranceles para los estudiantes extranjeros con residencia temporaria. Además, se exigirá seguro médico a todos los visitantes.
Adorni justificó estas decisiones alegando que el sistema argentino ha sido aprovechado por personas que cruzan la frontera solo para acceder a servicios gratuitos. Aseguró que, el año pasado, el sistema de salud público gastó alrededor de 100 millones de dólares en la atención de ciudadanos extranjeros, aunque no presentó datos que respalden esa cifra.
El portavoz también pidió al poder judicial que agilice los procesos vinculados a casos migratorios, con el fin de evitar demoras en las deportaciones.
Estas reformas contrastan con el espíritu del artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. Desde 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina había mantenido una política migratoria inclusiva, brindando acceso gratuito a salud y educación a toda persona en el país, sin distinción de nacionalidad.
Diversos sectores ya han comenzado a cuestionar estas medidas, señalando que podrían afectar la imagen histórica de Argentina como una nación abierta a la inmigración. Durante décadas, el país ha sido destino de personas de toda América Latina, Asia, Medio Oriente y Europa del Este, ofreciendo oportunidades de integración y acceso a derechos básicos.
Las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei, en medio de su plan de ajuste fiscal, buscan reducir los gastos del Estado, pero podrían tener un alto costo social y diplomático si se perciben como una señal de cierre y exclusión. Mientras tanto, provincias del norte y la ciudad de Buenos Aires ya han comenzado a implementar cobros a extranjeros por servicios médicos, anticipándose a la nueva normativa nacional.
El debate sobre el nuevo decreto apenas comienza, pero ya marca un punto de inflexión en la forma en que Argentina gestionará la migración en los próximos años.
