Foto: Shutterstock 
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que evaluará la validez constitucional de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal. La medida, firmada el 20 de enero —primer día de su segundo mandato—, aún no ha sido implementada en ninguna parte del país debido a fallos emitidos por tribunales inferiores.
Los magistrados aceptaron revisar la apelación presentada por Trump tras la decisión de un tribunal menor que anuló las restricciones. Se prevé que los alegatos se presenten durante la primavera y que el fallo definitivo llegue a inicios del verano.
La orden es parte de un conjunto más amplio de acciones impulsadas por la administración republicana para endurecer la política migratoria. Entre ellas destacan el aumento de operativos de aplicación de la ley en diversas ciudades y la activación, por primera vez en tiempos de paz, de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.
Sin embargo, las medidas han enfrentado múltiples desafíos judiciales. La Corte Suprema ha emitido señales mixtas en torno a estas acciones: detuvo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sin audiencia a presuntos miembros de pandillas venezolanas, pero permitió reanudar operativos migratorios masivos en Los Ángeles tras haber sido bloqueados por un tribunal inferior. Además, estudia una apelación del gobierno para autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago con fines de control migratorio, medida que otro tribunal ha suspendido indefinidamente.
El caso sobre la ciudadanía por nacimiento representa la primera política migratoria de Trump que llega ante la Corte Suprema para una resolución final. Su orden pretende modificar más de 125 años de interpretación de la 14.ª Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, salvo excepciones específicas como los hijos de diplomáticos o de fuerzas de ocupación extranjera.
Hasta el momento, tribunales federales han bloqueado la orden ejecutiva al considerarla inconstitucional o, al menos, probablemente inconstitucional, incluso después de un fallo reciente del máximo tribunal que limitó el uso de medidas cautelares de alcance nacional.
