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En medio de la persistente crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, las tensiones entre Texas y las autoridades federales han alcanzado un nuevo nivel después de que un fallo de la Corte Suprema permitiera a los agentes federales retirar el alambre de púas instalado como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador republicano de Texas.
A pesar de la decisión de la Corte Suprema, el alambre de púas aún permanece en una sección disputada de la frontera. El fallo, con una votación de 5-4, favoreció al presidente Joe Biden en la disputa continua con Texas sobre la autoridad legal de la Patrulla Fronteriza para retirar las barreras instaladas por el estado en las orillas del río Grande.
La disputa legal se desencadenó cuando Texas demandó el año pasado para detener el corte de alambre, argumentando que destruye ilegalmente propiedad estatal y socava la seguridad con el fin de facilitar el cruce de migrantes.
En diciembre, un tribunal federal de apelaciones ordenó a la Patrulla Fronteriza que cesara esta práctica mientras avanzaba el proceso judicial. Sin embargo, este mes, el Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia, buscando la anulación de esa decisión ante la Corte Suprema.
En este contexto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ratificó la utilización de las barreras instaladas por el estado y manifestó en redes sociales: "La situación está lejos de concluir. El empleo del alambre de púas en Texas sirve como un medio efectivo de disuasión frente a los cruces ilegales que se están promoviendo bajo la administración de Biden. Persistiré en la defensa de la autoridad constitucional de Texas para resguardar la frontera y evitar que el Gobierno de Biden cause daño a nuestra propiedad".
El Departamento de Seguridad Pública de Texas también respaldó esta postura, asegurando que el estado "mantendrá su postura actual en la disuasión de cruces ilegales de la frontera mediante la utilización de medidas eficaces de seguridad fronteriza".
La tensión ha llevado a detenciones de inmigrantes en Eagle Pass la semana pasada, acusados de allanamiento de morada, marcando las primeras detenciones desde que Texas tomó el control de la zona en la frontera, promulgando una nueva ley estatal que considera delito entrar ilegalmente en el estado.
El Gobierno de Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ha instado a las autoridades estatales a dejar de bloquear el acceso de la Patrulla Fronteriza a un tramo específico de la frontera para evitar una intervención del Departamento de Justicia de EEUU.
