En recientes declaraciones, funcionarios de la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaron que el “sistema global de asilo” actual permite “la inmigración ilegal masiva sea legal”.
Esta postura ha generado debate tanto dentro como fuera de Estados Unidos, poniendo en el centro a los mecanismos internacionales de protección a solicitantes de asilo y refugiados.
Según declaraciones difundidas durante un acto público, el equipo de campaña de Trump sostiene que las actuales normas favorecen los flujos migratorios descontrolados y hacen difícil distinguir entre casos legítimos de persecución y quienes buscan migrar por razones económicas.
Afirman que la interpretación laxa de las convenciones internacionales pone en riesgo la seguridad nacional y permite abusos en el proceso.
“El sistema de asilo se ha convertido en un enorme vacío legal en nuestras leyes migratorias, y simplemente tenemos que ser realistas al respecto”, dijo el subsecretario de Estado Chris Landau en el evento liderado por Estados Unidos.
Críticas al sistema de asilo y propuestas de cambio
El gobierno de Trump ya había intentado endurecer las reglas de asilo durante su administración, aludiendo a la necesidad de mayor control fronterizo y cooperación internacional.
Ahora insisten en que se debe reformar el sistema a nivel global para garantizar procesos más rigurosos y la devolución de solicitantes a “terceros países seguros”.
Expertos en derechos humanos y migración señalan que el asilo es un derecho protegido por tratados internacionales, y advierten que modificar estas reglas pondría en peligro la protección de quienes huyen de persecución.
Diversos países latinoamericanos, principales emisores de solicitantes de asilo hacia Estados Unidos, observan de cerca el debate por sus potenciales repercusiones en la región.

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