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Profesionales del Derecho en México han exigido que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sea investigado y sancionado por la irrupción de la embajada del país azteca.
Los penalistas presentaron el domingo una acción penal en la Fiscalía General de la República (FGR) de México para que se inicien acciones internacionales en contra del gobierno de Noboa.
Además del mandatario, se incluyeron otras autoridades que participaron en la violación de la sede de la embajada de México en Ecuador.
De acuerdo con los profesionales, Daniel Noboa no solo debe ser investigador por la irrupción de la embajada, sino por la violación a los derechos humanos de los funcionarios que se encontraban resguardando a Jorge Glas.
“Debe ser investigado por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, y el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado”, detallaron los profesionales en su denuncia.
Asimismo, se explicó que la Fiscalía mexicana es competente para investigar la irrupción de la embajada y otras violaciones cometidas durante el lamentable hecho en contra de la diplomacia de ambas naciones.
“La Fiscalía es competente para investigar los hechos presuntamente ilícitos. Esto, debido a que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en el territorio nacional, los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones de México”, argumentaron sobre las acciones en contra del presidente de Ecuador en la Fiscalía de México.
En ese sentido, indicaron que la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, habría incurrido en traición a la patria al permitir y apoyar la irrupción de la embajada de México, ya que es nacida en la nación azteca.
Los penalistas indicaron que existe la posibilidad de que el gobierno de Noboa cometió otros delitos como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad y daño de propiedad ajena.
Esta acción legal se dio dos días después que la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), empiece a escuchar los argumentos del gobierno de México sobre la irrupción a su sede.
