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El allanamiento por filtración de audios de Karina Milei ha generado una fuerte polémica en Argentina, elevando el debate en torno a la libertad de prensa y el papel de la justicia bajo el gobierno de Javier Milei.
La reciente solicitud del juez federal Ariel Lijo para allanar el diario Página/12 y los domicilios de dos periodistas, tras la publicación de audios privados de Karina Milei (hermana y secretaria general de la presidencia), ha sido considerada por diversos sectores como un intento de intimidación a los medios.
La investigación surgió luego de que el medio divulgara grabaciones en las que Karina Milei habla sobre mecanismos internos del gobierno argentino. El pedido de acceso fue presentado por el abogado de Karina Milei y apoyado por la fiscalía, alegando la búsqueda de pruebas para esclarecer la filtración. Sin embargo, organismos de prensa y asociaciones nacionales denunciaron el hecho como una amenaza a la libertad de información y al trabajo periodístico independiente.
La acción judicial se inscribe en un contexto sensible, donde la tensión entre el gobierno de Javier Milei y medios críticos aumenta. El propio diario afectado rechazó el pedido como “un grave avance contra el periodismo”, opinión compartida por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, como Reporteros Sin Fronteras, que advirtieron sobre el impacto negativo de este tipo de medidas sobre el acceso a la información pública en democracia.
En otras ocasiones recientes, Argentina ha vivido episodios similares que preocupan a la sociedad y a la comunidad internacional sobre el respeto a la libertad de prensa.
