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La Asamblea Legislativa de El Salvador, en su mayoría conformada por miembros del partido oficialista, aprobó la extensión de un régimen de excepción por 30 días adicionales. Esta medida se encuentra en vigor desde finales de marzo y representa la decimoctava prórroga respaldada por este órgano.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la propuesta poco antes de la votación, y fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados legislativos, obteniendo 67 votos de los 84 diputados, sin previo análisis ni debate.
Según el dictamen presentado en el pleno del Congreso, la prórroga se solicitó debido a la persistente amenaza de una posible reorganización de estas estructuras criminales. El documento señala que, aunque se está obteniendo avances significativos en la lucha contra las pandillas, todavía existen miembros que no han sido detenidos y continúan participando en actividades delictivas, incluyendo ataques graves contra la población y miembros de la policía, con indicios de intención de formar grupos.
Además, se indica que "la extensión es imperativa debido a que la intervención en territorios mediante cercos de seguridad sigue siendo un método efectivo para impedir la movilidad de los miembros de grupos terroristas hacia zonas rurales del país. Esto facilita la ubicación y captura de sus líderes fundadores".
Este es el decimoctavo episodio en el que el Congreso prolonga esta medida, que se ha convertido en la principal estrategia de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
A partir de marzo de 2022, el órgano Legislativo ha decretado la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y ha ampliado el período de detención administrativa a un máximo de 15 días.
Según cifras divulgadas por fuentes oficiales, esta medida ha resultado en la detención de más de 72,600 personas a las que el Gobierno acusa de pertenecer a pandillas, mientras que organizaciones humanitarias informan de más de 5,000 "víctimas directas" de violaciones de derechos humanos, principalmente debido a detenciones arbitrarias, 7,000 detenidos han sido liberados.
La organización no gubernamental Tutela Legal 'María Julia Hernández' informó hoy que, a pesar de que más de 20,000 personas inocentes detenidas ya tienen su documento de liberación, aún no han sido puestas en libertad ni reunidas con sus familias.
