Foto: Getty images.
En un fallo histórico, un tribunal de justicia de El Salvador ha condenado a penas de hasta 1.420 años de prisión a miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) por una serie de crímenes cometidos entre 2018 y 2019.
La Fiscalía General de la República informó que las severas sentencias subrayan el compromiso del gobierno salvadoreño en su lucha contra el crimen organizado y las pandillas.
Ángel Geovazy Guzmán González, uno de los cabecillas de la MS-13, recibió la condena más alta, siendo sentenciado a 1.420 años de cárcel. Fue encontrado culpable de siete homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 conspiraciones para asesinar, incluyendo planes para matar a nueve militares.
Otros miembros de la MS-13 también recibieron duras penas. Hugo Alexander Arqueta Bonilla fue condenado a 764 años por homicidio agravado, extorsión y otros delitos, mientras que Carlos Eduardo Díaz Rodríguez recibió 567 años por cargos similares. Ana Ruth Segovia Merino, otra integrante, fue sentenciada a 148 años de prisión.
La investigación de la fiscalía reveló que los 48 miembros de la Mara Salvatrucha procesados tenían órdenes específicas de asesinar a policías y militares, evidenciando una campaña de terror y violencia sistemática.
Las extorsiones también eran un modus operandi frecuente, dirigidas principalmente contra transportistas y comerciantes en San Miguel, a quienes exigían dinero bajo amenazas de muerte.
Uno de los casos más impactantes mencionados en el informe del Ministerio Público involucra a una víctima a la que los pandilleros le exigieron $10,000 para pagar la defensa de pandilleros detenidos.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un estado de excepción, una medida implementada por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra las pandillas.
Esta política ha resultado en la suspensión de ciertos derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la asistencia legal y a conocer las razones de una detención. Aunque esta medida ha sido criticada por organismos de derechos humanos, el gobierno defiende su eficacia en la lucha contra el crimen.
Según cifras oficiales, más de 85,000 personas han sido capturadas bajo este régimen, aunque la mayoría aún no ha sido sentenciada.
La Mara Salvatrucha, reconocida como una organización criminal internacional por el gobierno estadounidense desde 2012 y declarada terrorista por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en 2015, ha mantenido una presencia significativa en barrios y comunidades del país durante más de tres décadas.
