La explotación ilegal de tierras públicas en la Amazonia, Brasil, aumenta considerablemente, dejando enormes daños ambientales.
Son alrededor de 11,6 millones de hectáreas, un 23 por ciento de áreas forestales del Estado, que están ocupadas ilegalmente por propietarios privados.
Un artículo publicado en la revista Land Use Policy revela que aunque las tierras en Amazonia no están categorizadas con una destinación jurídica están siendo explotadas.
“'Tierra sin ley en la tierra de nadie: las áreas forestales públicas no destinadas de la Amazonia brasileña”, es el nombre del artículo que demuestra deforestación y explotación de los recursos naturales y actividades económicas insostenibles en la zona.
Se estima que la mayoría de las tierras no son ocupadas por campesinos o indígenas. “Un quinto de las parcelas públicas están siendo ilegalmente usurpadas por empresarios, políticos locales y personas pudientes”.
La revista hace énfasis en la tala y quema de la Amazonia con el objetivo de instalar una actividad económica y hacerse con la propiedad.
GRILAGEM
Estas ocupaciones en Brasil se conocen como Grilagem, término que se utiliza para hacer referencia a la ocupación ilegal por medio de documentos falsificados.
Investigaciones revelan que los pudientes falsifican escrituras de propiedad que guardan durante un tiempo en cajones con grillos para que los excrementos de los insectos "amarillen" los papeles y les den una apariencia de antiguos.
En otros casos es el mismo gobierno que otorga amnistías ambientales y medidas políticas. La última tuvo lugar en el 2018 en el gobierno de Michel Temer.
BOLSONARO
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro la ocupación ilegal en la Amazonía enfrenta una multiplicación significativa.
El discurso anti-ambientalista del gobernante ha hecho que la deforestación en la zona se dispare a cifras alarmantes.
Bolsonaro, ha dicho abiertamente que busca la aprobación de una ley para regular la concesión al uso privado de las tierras públicas de la Amazonia.
El primer intento lo hizo en mayo, el cual no dio efecto por las presiones de la sociedad civil nacional e internacional.
Son casi 50 millones de hectáreas que corresponden a tierras estatales y que no son destinadas a un uso específico, volviéndolas susceptibles a la ocupación ilegal.
INCENDIOS
De acuerdo con información del Instituto de Investigaciones Académicas (IPAM), el 30 por ciento de los incendios forestales en el 2019 en Amazonia se registraron en tierras públicas.
Las sospechas son que personas destruyen la vegetación para instalar una actividad agropecuaria intensiva.
Al menos 2,6 millones de hectáreas fueron deforestadas en el 2018, para el 2019 la cifra aumento considerablemente.
Solo en mayo se registraban 82 mil hectáreas deforestadas, la cifra mayor en relación a los últimos cinco años.
"Si el propio Gobierno, que debería estar fiscalizando estas áreas que son públicas, está transmitiendo un mensaje de que no les va a pasar nada (a los usurpadores), que sus tractores no van a ser quemados o confiscados, que la Policía Federal no les va a controlar, que pueden entrar en Tierras Indígenas, pueden extraer minerales a gusto… Es tierra sin ley, definitivamente", apunto la representante del Núcleo de Altos Estudos Amazônicos de la Universidad Federal de Pará UFPA.