Imágenes de archivo y cortesía. 
El gobierno de Donald Trump ha anunciado la eliminación de una norma que permitía a personas indocumentadas acceder a fondos públicos destinados a programas de educación en Estados Unidos.
Esta eliminación de fondos públicos para educación de indocumentados se ejecuta bajo el argumento de priorizar recursos para ciudadanos estadounidenses, generando profunda preocupación entre organizaciones pro-migrantes.
La disposición formaba parte de un paquete de medidas federales que ofrecía apoyo económico para el acceso a programas escolares y universitarios a migrantes sin documentos legales.
Con la nueva medida del gobierno de Trump, quedan a la deriva miles de jóvenes y adultos que, en busca de una mejor vida, apostaban por la educación como herramienta de superación.
Impacto de la medida en comunidades migrantes
Líderes de comunidades latinas y expertos en educación advirtieron que retirar estos fondos podría aumentar la desigualdad y reducir las oportunidades para quienes ya enfrentan múltiples desafíos por su estatus migratorio.
De acuerdo con información oficial, la decisión representa un retroceso en la integración y el desarrollo académico de la población migrante, principalmente centroamericana y latinoamericana.
La eliminación de fondos públicos para educación de indocumentados ha generado críticas a nivel nacional, motivando protestas y el respaldo de organizaciones de derechos civiles.
Las implicaciones se extienden más allá del ámbito educativo, ya que pueden influir en los índices de empleo y la movilidad social de futuras generaciones.
