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Una corte federal de apelaciones suspendió este jueves la orden de una jueza que exigía al estado de Florida y a la administración Trump desmantelar partes de “Alligator Alcatraz”, un polémico centro de detención de inmigrantes ubicado en los Everglades.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, fue aprobado por mayoría de 2-1 y permitirá que el centro siga funcionando mientras avanza una demanda presentada por grupos ambientalistas y una tribu nativa, quienes sostienen que la instalación debería haber pasado por revisiones ambientales federales debido a su localización en una zona ecológicamente sensible.
El mes pasado, la jueza de distrito Kathleen Williams había ordenado detener cualquier expansión de la instalación y comenzar a retirar vallas, generadores y alumbrado en un plazo de 60 días. Sin embargo, la corte de apelaciones concluyó que es probable que las autoridades estatales y federales logren demostrar que el sitio no está sujeto a la Ley Nacional de Política Ambiental, dado que Florida opera la instalación sin haber recibido hasta ahora reembolsos federales por su funcionamiento.
La opinión mayoritaria fue escrita por la jueza Barbara Lagoa y respaldada por la jueza Elizabeth Branch, ambas designadas durante la primera administración de Donald Trump. El juez Adalberto Jordan, nombrado por Barack Obama, votó en contra.
Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la decisión, calificándola como “una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común”. El gobernador Ron DeSantis también reaccionó, asegurando en un mensaje en la red X que “Alligator Alcatraz sigue abierto para operar” y reafirmó que Florida continuará “liderando en la aplicación de las leyes migratorias”.
“Alligator Alcatraz”, construido sobre una pista aérea abandonada, forma parte de la estrategia de la administración Trump para ampliar la capacidad de detención migratoria ante el incremento de arrestos de inmigrantes. El gobierno federal ha defendido el proyecto como una medida rentable y disuasoria, mientras que críticos han denunciado condiciones inhumanas dentro de las instalaciones.
