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El presidente argentino Javier Milei firmó un decreto que reduce la edad mínima para portar, tener y usar armas de fuego de 21 a 18 años, en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en el país. La resolución, que fue publicada el martes en el boletín oficial, busca actualizar la normativa vigente desde 1975 sobre el uso de armas, en concordancia con el Código Civil y Comercial actual, que establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
La medida responde a las promesas de campaña de Milei, quien había mostrado su apoyo a la libre portación de armas y había propuesto su venta en supermercados, similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, tras recibir críticas y rechazos por parte de la sociedad, Milei modificó su postura y optó por desburocratizar los trámites para el registro de armas, sin implementar una liberalización total.
La decisión ha generado un intenso debate. La exministra de Seguridad, Sabina Frederic, calificó el decreto como "innecesario" y lo consideró una "provocación". Frederic argumentó que ampliar el número de personas con acceso a armas no es la solución, sino que se debería trabajar para reducir la posesión de armas en la población. Además, expresó su preocupación por un proyecto de ley que permitiría la legalización de armas adquiridas ilegalmente, lo que permitiría a los poseedores mantenerlas durante un año sin necesidad de realizar trámites legales.
El contexto de inseguridad en Argentina es alarmante. Según datos del Ministerio de Seguridad, en 2023 se registraron 4.815 robos con lesiones y muertes, de los cuales más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Además, el país vivió un récord de 32.503 intentos de robo en ese mismo año. En cuanto al mercado ilegal de armas, se estima que existen alrededor de cuatro millones de armas en circulación en un país con 45 millones de habitantes, lo que ha generado mayor preocupación sobre los efectos de la nueva medida en la seguridad ciudadana.
Este decreto de Milei ha provocado diversas reacciones en la sociedad argentina, dividiendo a la población entre quienes lo ven como una respuesta necesaria para combatir la inseguridad y aquellos que alertan sobre los riesgos de facilitar el acceso a las armas de fuego.
