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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha dado un paso crucial hacia la eliminación completa de las tuberías de plomo en los sistemas de abastecimiento de agua del país.
La nueva normativa propuesta busca sustituir millones de tuberías de plomo en un plazo de 10 años, acelerando la iniciativa respaldada por la administración de Joe Biden para erradicar el 100% de estas tuberías, cuya exposición está vinculada a serios problemas de salud, especialmente en niños.
Según la propuesta de la EPA, la sustitución de las tuberías deberá llevarse a cabo en una década, independientemente de los niveles de plomo detectados en las muestras de agua del grifo, y se concederán plazos adicionales en circunstancias limitadas para sistemas que requieran una sustitución completa del sistema.
La Ley de Agua Potable Segura y la Regla de Plomo y Cobre, establecidas en 1991 y revisadas en 2021, respectivamente, otorgan a la EPA la autoridad para regular los sistemas públicos de agua y reducir la exposición al plomo.
La Dra. Mona Hanna-Attisha, pediatra y defensora del agua limpia, subrayó la importancia de esta normativa durante una sesión informativa de la EPA. "No podemos sobrevivir sin agua. Sin embargo, en millones de hogares, en millones de niños, el agua ha sido suministrada por una cañería envenenada", advirtió.
La exposición al plomo, según expertos, aumenta el riesgo de enfermedades graves en adultos, incluyendo cáncer, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales.
En el caso de los niños, incluso bajos niveles de plomo pueden afectar negativamente su crecimiento y desarrollo, con consecuencias a largo plazo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC).
A pesar de que las tuberías de plomo están prohibidas desde 1980, aún persisten 9.2 millones de conductos de este material en el país, siendo Illinois y Rhode Island los estados con la mayor proporción de tuberías que deben sustituirse.
El administrador de la EPA, Michael Regan, destacó que el cumplimiento de la norma propuesta requerirá inversiones significativas, pero un análisis de costos y beneficios sugiere que los beneficios para la salud pública superarán ampliamente estos costos.
La EPA recogerá comentarios públicos sobre la norma propuesta durante 60 días, destacando la importancia de la participación ciudadana en este proceso crucial.
