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Las familias de las víctimas de dos trágicos accidentes de Boeing 737 Max han lanzado una contundente acusación contra la compañía, describiendo sus acciones como "el crimen corporativo más letal de la historia de Estados Unidos".
Este miércoles, pidieron al Departamento de Justicia que imponga una multa máxima de $24.000 millones en un posible juicio penal contra la empresa.
En una carta enviada al Departamento de Justicia, las familias argumentan que la reciente serie de fallos de seguridad de Boeing constituye una violación del acuerdo de 2021, el cual permitió a la compañía evitar cargos criminales tras los fatales accidentes en Indonesia en octubre de 2018 y en Etiopía en marzo de 2019, que cobraron la vida de 346 personas.
El abogado de las familias, Paul Cassell, enfatizó en la misiva de 32 páginas la necesidad de un "enjuiciamiento penal agresivo" contra Boeing, incluyendo un juicio con jurado y la persecución penal de los ejecutivos responsables, entre ellos el exCEO Dennis Muilenburg. Cassell urgió al Departamento a actuar con celeridad para evitar la prescripción del delito.
Además de la multa, la carta solicita la designación de un supervisor corporativo independiente para monitorear y dirigir las medidas de seguridad de Boeing, con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos y prevenir futuros incidentes.
El Departamento de Justicia ha estado considerando su respuesta a las violaciones del acuerdo de 2021 tras un incidente en enero, cuando un tapón del fuselaje de un vuelo de Alaska Airlines estalló poco después del despegue. Boeing ha afirmado cumplir con su parte del acuerdo y espera tener la oportunidad de defender su posición ante el Departamento.
El actual CEO de Boeing, Dave Calhoun, testificó recientemente ante senadores, ofreciendo disculpas a las familias de las víctimas y reconociendo los errores pasados de la empresa. Calhoun admitió que Boeing está "lejos de ser perfecta" y subrayó el compromiso de la compañía en restaurar la confianza pública.
El acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021, que Boeing alcanzó con el Departamento de Justicia, fue fuertemente criticado en su momento por los familiares y algunos miembros del Congreso.
Boeing acordó pagar $2.500 millones, de los cuales $1.770 millones se destinaron a las aerolíneas afectadas, $500 millones a un fondo para los familiares de las víctimas y $244 millones en multas al gobierno federal.
Sin embargo, los $24.000 millones solicitados ahora, aunque significativos, representan menos que las pérdidas operativas de $31.900 millones que Boeing ha registrado desde el segundo accidente del 737 Max en 2019, que resultó en la inmovilización de su avión más vendido durante 20 meses.
La compañía ha identificado más de $20.000 millones en costos directos derivados de esta inmovilización, sin contar las pérdidas por ingresos de ventas y el aumento de costos por intereses debido al incremento de su deuda.
