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Miles de inmigrantes en Estados Unidos han sido erróneamente clasificados como fallecidos por la administración Trump, en una polémica maniobra que les ha cancelado sus números de Seguro Social y, con ello, el acceso a servicios financieros, empleo y beneficios públicos. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, esta acción afecta a más de 6.000 personas vivas que se encuentran legalmente en el país bajo programas temporales instaurados durante el gobierno de Joe Biden.
Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio del presidente Donald Trump para forzar la salida voluntaria de inmigrantes, especialmente aquellos que obtuvieron permisos temporales de permanencia bajo la administración anterior. Al incluir sus datos en la base federal de personas fallecidas —una herramienta utilizada normalmente para fines administrativos—, los afectados enfrentan serias dificultades para realizar actividades cotidianas, como abrir una cuenta bancaria o conservar su empleo.
El Departamento de Seguridad Nacional también revocó esta semana el estatus legal de numerosos inmigrantes beneficiarios del permiso temporal de Biden, quienes ahora se enfrentan al riesgo de deportación si no abandonan el país por su cuenta. Además, se ha firmado un nuevo acuerdo entre el Departamento del Tesoro y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitirá al IRS compartir datos fiscales de inmigrantes indocumentados para facilitar su localización y eventual deportación.
Esta medida ya ha generado controversia. Melanie Krause, comisionada interina del IRS, renunció tras conocerse el acuerdo. Paralelamente, un juez federal detuvo temporalmente la colaboración de un equipo liderado por Elon Musk, cuyo objetivo era reducir el tamaño del gobierno mediante la intervención en bases de datos federales como la del Seguro Social.
La organización Democracy Forward, reconocida por enfrentar acciones de la administración Trump en los tribunales, también se ha pronunciado. Su presidenta, Skye Perryman, calificó estas acciones como ilegales y adelantó que podrían presentar demandas una vez se tenga acceso a más información.
El representante de la Administración del Seguro Social no ha emitido comentarios sobre el caso, que continúa generando preocupación sobre el uso de las herramientas federales para ejercer presión sobre comunidades migrantes.
