La jueza Aileen Cannon, nombrada por Trump durante su presidencia, declaró en una corte en Fort Pierce que la moción presentada por Trump para desestimar los cargos fue denegada, a pesar de varios argumentos planteados durante la audiencia.
Los cargos van del 1 al 32 y se refieren a la retención voluntaria de información de la defensa nacional y conspiración para obstruir a la justicia. Trump había solicitado que los cargos fueran desechados debido a lo que llamó "vaguedad inconstitucional".
La jueza explicó que la resolución depende de cuestiones de instrucción aún no definidas y que, por lo tanto, la moción de Trump fue considerada prematura.
Trump asistió a la audiencia donde su defensa buscaba desestimar los cargos, basándose también en la Ley de Registros Presidenciales, argumentando que le da autoridad para considerar los documentos como personales y retenerlos después de su presidencia.
Por otro lado, el equipo del fiscal especial Jack Smith sostiene que los documentos retenidos por Trump son registros presidenciales y no personales, y que deben cumplir con los requisitos legales.
La defensa de Trump afirma que todos los presidentes han retirado material de la Casa Blanca a su discreción. Entre los más de 11,000 documentos oficiales encontrados en Mar-a-Lago, más de cien fueron clasificados como secretos o "ultrasecretos".