El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, indultado por crímenes de lesa humanidad, solicitó al Congreso beneficios especiales como ex jefe del Poder Ejecutivo.
La petición de Fujimori ha generado polémica no solo en Perú, sino en distintas naciones latinoamericanas que esgrimen la “falta de vergüenza” del político peruano.
De acuerdo con medios locales, el exgobernante condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, busca una pensión, un pago de remuneración de un asistente y gastos de combustible.
La petición para beneficios a favor de Fujimori fue presentada por el abogado Elio Rivera; quien asegura que el líder político está amparado por la Ley 26519.
El estamento legal, citado por la defensa del exgobernante peruano, detalla una pensión vitalicia para los ex jefes de Estado que asciende a 4,000 dólares.
“Los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equitativa equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad. En caso de fallecimiento, serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores, si los hubiere. Si ambos resultaran beneficiarios simultáneamente, la pensión se otorgará a prorrata”, establece la ley.
Entre otros beneficios, se solicitó el pago de un asistente y el pago de combustible para su vehículo particular con fondos fiscales”, se informó sobre la intención de Fujimori de obtener más beneficios del gobierno.
Críticos de Fujimori cuestionaron su decisión de exigir prebendas a sabiendas de que se encuentra en libertad de forma irregular y por tráfico de influencias.
“Realmente hay que ser bien sinvergüenza para pedir eso. La Corte Internacional de Derechos Humanos ya se pronunció. No ha pagado la reparación civil y sigue en libertad haciendo proselitismo político”, dijo el abogado Elías Vargas.
Los defensores del expresidente han defendido la petición de beneficios hecha por Fujimori, indicando que tiene el derecho por haber ostentado la silla presidencial.