El golpe de Estado en Honduras en el 2009 fue “ilegal e inconstitucional” y no había ninguna acusación legal contra Zelaya, reconoció el Embajador norteamericano en Tegucigalpa, Hugo Llorens.

Un análisis de Llorens para el Departamento de Estado se encuentra entre los documentos estadounidenses filtrados por WikiLeaks, el sitio en internet divulgado por Julian Assange.

El cable puede ser identificado bajo el nombre 09TEGUCIGALPA645_ . Fue clasificado como confidencial con fecha 24 de julio del 2009.

Llorens escribió “que la perspectiva de la embajada (EEUU) es que no hay duda de que los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional conspiraron el 28 de junio en lo que se constituyó en un ilegal y Golpe inconstitucional contra el Poder Ejecutivo. Tampoco hay duda desde nuestra perspectiva. que la asunción de poder de Roberto Micheletti es ilegítimo.”

Hugo Llorens

El documento, redactado por Llorens y enviado al Departamento de Estado, también reconoce que la carta de “renuncia” de Zelaya fue una “fabricación”.

Confirma el embajador de EEUU que “ninguno de los argumentos mencionados” por los golpistas para justificar el secuestro y la expulsión del Presidente constitucional Manuel Zelaya tiene validez bajo la constitución hondureña, mientras algunos son claramente falsos y otros son “meras suposiciones”.

El cable desbarata cada uno de los argumentos de los golpistas:

-Zelaya había violado la ley (una presunción pero no probada).

-Zelaya renunció (una fabricación clara).

– Zelaya pretende extender su mandato en el cargo (suposición).

-Si le hubieran permitido continuar con la encuesta de opinión del 28 de junio de opinión de la reforma constitucional, Zelaya habría disuelto el Congreso al día siguiente y convocar a un Asamblea Constituyente (suposición).

“En nuestra opinión, ninguno de los argumentos anteriores tiene vigencia sustantiva conforme a la Constitución hondureña. Algunos son completamente falsos. Otras son meras suposiciones o post argumentaciones de un acto patentemente ilegal (el Golpe de Estado)”, escribe Llorens en el cable.

Esencialmente:

-Los militares no tenían autoridad para remover a Zelaya del país;

-El Congreso no tiene autoridad constitucional para remover un Presidente hondureño;

-El Congreso y el Poder Judicial destituyeron a Zelaya sobre la base de un proceso apresurado, ad hoc, extralegal, secreto, de 48 horas;

-La supuesta carta de “renuncia” fue una fabricación y ni siquiera fue la base para la acción del Congreso del 28 de junio;

-El arresto de Zelaya y expulsión forzada del país violando múltiples garantías constitucionales, incluyendo la
prohibición de la expatriación, presunción de inocencia y derecho al debido proceso.

De igual manera, resalta que nunca hubo una acusación formal y pública de la evidencia ni ninguna apariencia del respeto al debido proceso. El presidente nunca fue juzgado, o condenado, o removido legalmente de su cargo para permitir una sucesión legal.

En un párrafo, Llorens señala que “según la lógica del argumento 239”, evocado por los golpistas, “el propio Micheletti debería ser forzado a dimitir ya que como Presidente del Congreso consideró una legislación para tener una cuarta urna (“Cuarta Urna”) en las elecciones de noviembre para solicitar la aprobación de los votantes acerca de una asamblea constituyente para reescribir la constitución”.