Con sus ojos llenos de lágrimas, Lesly Cabrera, habla con su abogado Claudia Hernández los próximos pasos a tomar en su caso como inmigrante. Cabrera es una hondureña que busca asilo en Estados Unidos por las amenazas contra la vida de su hijo de 17 años hechas por pandilleros de San Pedro Sula. Su aplicación fue denegada el 18 de mayo de este año, sin embargo, su hijo Edwuard tiene un caso independiente al de ella y espera obtener una residencia.
Aunque su hijo tiene posibilidades de permanecer en EEUU de manera legal, el juez dictaminó que su madre, Lesly Cabrera, debe regresar el lunes a Honduras.
Cabrera, de 46 años, llegó a Estados Unidos el pasado mes de mayo y se convirtió en una de los cientos de mujeres centroamericanas que cruzaron la frontera del sur de Texas de manera ilegal el año pasado. Ella se reencontró con miembros de su familia que décadas atrás llegaron a EEEUU y viven en San Antonio. Para ilustrar lo que ocurre con esas familias luego de que entran a EEUU, el medio San Antonio Express-News le dio seguimiento a su caso y el de su hijo, Edwuard Salgado de 17 años, desde julio.
Luego de tomar la decisión el pasado lunes en la tarde el juez Gary Burkholder le dijo a Cabrera que su testimonio es creible y ella organizó un grupo de padres de familia para presionar a la policía para proteger a sus hijos en las escuelas, luego de que Edwuard fue asaltado, golpeado y secuestrado por pandilleros en el 2012, ella formó parte de manifestaciones contra la violencia y contra el alza de los combustibles y la comida, y se convirtió en miembro activa de un partido político de oposición hace dos años, hasta que fue asaltada y sufrió amenazas de muerte.
El juez dijo que ella no presentó pruebas de la violencia contra ella o su hijo por su activismo, raza, religión, nacionalidad, opinión política o por su pertenencia a un grupo social específico, condiciones necesarias para recibir asilo en EEUU.
“Tengo miedo”, dijo Cabrera. “Porque en Honduras, nada es fácil para las personas que se encuentran en un problema como el mío por defender a mi hijo”.
La apelación puede tomar muchos años, pero ella pondera una decisión difícil. Su hijo Edwuard, el año pasado aplicó al estatus especial juvenil migratorio. Él no fue reconocido por su padre dijo un juez de el condado de Bexar.
Su caso está en espera hasta que su aplicación para quedarse en EEUU sea revisada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que se encarga de legalizar inmigrantes. Si Edwuard consigue ese permiso, no puede permitir que su madre también obtenga el beneficio de vivir en EEUU.
“Si sus documentos son aprobados, yo prefiero él se quede” dijo Cabrera, “yo confío en Dios que le van a aprobar los papeles”
El testimonio de Cabrera y el de un testigo experto se escuchó en una audiencia cerrada, pero su abogada, Claudia Hernández, dijo que se amparan en que como activista femenina, Cabrera es víctima de persecución política en Honduras. Si es enviada de regreso a Honduras, será también perseguida por ser miembro activo del partido de oposición LIBRE, recalcó Hernández.
Las pandillas en Centroamérica, conocidas también como “maras” son un gobierno de facto en el lugar donde Cabrera vive, dijo Hernández, y particularmente es indispuesto para a la oposición de mujeres en territorios que ellos controlan.
“Las maras son los machitos de los machitos”, dijo, “ellos atacan a cualquier que les irrespeta. Si son hombres los matan, si son mujeres, las violan y torturan antes de asesinarlas”.
Burkholder dijo que los grupos criminales requieren de corrupción pública para operar, y estaba de acuerdo con que los pandilleros toman represalias contra sus oponentes.
“Aun así, no creo que esto cree un grupo social particular que incluya a todos los que desafían a las pandillas” dijo el juez.
La violencia que Cabrera experimentó “no es poco común”, dijo Burkholder, “le ocurrió a varias personas”
Con un total de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo, dijo Thomas Boerman, un experto en crimen organizo de México y América Central quien testificó como testigo experto. Las maras y otros grupos criminales están relacionados con el gobierno y con empresarios de Honduras, dijo Boerman después de la audiencia. Los grupos criminales operan con completa impunidad, y agregó que tanto la oposición a las políticas gubernamentales como a opinar contra las pandillas son ambas acciones con las que un individuo corre peligro.
“En resumen, en Honduras, como en países vecinos Guatemala y El Salvador, el activismo político es algo muy peligros de hacer”, dijo Boerman. “Cualquier intento de promover un cambio, hasta humanitario, algo básico, va a aturdir a ciertos grupos de interés”.
Burkholder es el juez de inmigración más duro de San Antonio cuando se trata de casos similiares. En el 2014 denegó más del 91% de casos que querían ser escuchados. Durante ese mismo período, los demás jueces de San Antonio, oscilan en rangos de 32 y 88 por ciento.
Aunque una parte de su decisión le da esperanza a Cabera. Si no hubiese encontrado su testimonio creíble, una apelación no tendría probabilidades de ser desestimada, dijo Hernández. Cabrera puede apelar a la decisión del juez, aunque el proceso dure varios meses.
“Los casos de Centroamérica son casos difíciles” dijo Hernández. “Sus casos no encuentran justificación por eso deben tener mucha evidencia y el testimonio de expertos, y luego viene la dinámica de la pandilla, en la que se cree que todos son víctimas de las pandillas, y la ley de asilo no es para eso”.