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La administración de Donald Trump ha implementado una controvertida política que ofrece hasta 2,500 dólares a niños migrantes no acompañados para que acepten la deportación voluntaria de Estados Unidos. Esta medida busca que los menores renuncien a su derecho de permanecer en el país y regresen a sus países de origen, generando debate sobre la ética y eficacia del programa.
La oferta está dirigida a niños bajo custodia federal que enfrentan procesos de inmigración. Los defensores de derechos humanos y representantes legales advierten que muchos de estos menores huyen de situaciones de violencia o pobreza extrema en Centroamérica. Consideran que el incentivo económico podría presionarlos para tomar decisiones apresuradas, sin comprender plenamente las implicaciones de regresar a lugares donde su seguridad podría estar en riesgo.
El programa de Trump ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que atenta contra el bienestar de los niños migrantes y sus familias. Los expertos señalan que, en vez de abordar las causas profundas de la migración, la medida prioriza la reducción de la cantidad de menores bajo resguardo federal. Mientras tanto, miles de niños llegados desde países como Honduras, El Salvador y Guatemala continúan esperando respuestas a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.
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