Respondiendo a la decisión de la Tribunal Nacional de que el juicio de los acusados ​​de la muerte de Berta Cáceres debe proceder con el Ministerio Público actuando como representante de su familia y de Gustavo Castro, el único testigo de la muerte, porque supuestamente sus abogados abandonaron el juicio, Erika Guevara-Rosas, Directora de América de Amnistía Internacional, declaró:

“A lo largo de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, la familia de la defensora de los derechos humanos y Gustavo Castro han declarado en repetidas ocasiones que el Ministerio Público no se aseguró de que tuvieran acceso real y completo al expediente del caso y de las pruebas, ni cumplieron con su obligación de identificar los sospechosos de estar detrás del asesinato “.

Hasta la fecha, el Tribunal no ha tomado ninguna medida para garantizar que el Ministerio Público cumpla con su obligación de dar acceso a los abogados a la información que han solicitado.

“A pesar de esto, hasta la fecha, el Tribunal Penal Nacional no ha tomado ninguna medida para garantizar que el Ministerio Público cumpla con su obligación de dar acceso a los abogados a la información que han solicitado. Ante esta situación, los abogados presentaron una petición para que los jueces que conocían el caso fueran recusados ​​por prejuicios”, dijo la directora de Amnistía Internacioal.

Ross considera la acción del Ministerio Público como una violación al debido proceso. “La decisión de la Corte de imponer la representación de la fiscalía en las víctimas es una violación de las garantías del debido proceso y, por lo tanto, repercute en el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, la verdad y la reparación. “La representación de las víctimas no se puede poner en manos de una institución que, en repetidas ocasiones, han dicho que es responsable de violar sus derecho”, puntualizó.

“Las autoridades hondureñas tienen la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre el asesinato de Berta Cáceres y llevar a la justicia, en procedimientos que concuerdan con las garantías de un juicio justo, tanto los que cometieron este delito como los que ordenaron y planificaron.”, concluyó.

Lee aquí el comunicado publicado por Amnistía Internacional