El diputado Antonio Rivera “Toño”, reaccionó ante el requerimiento presentado por la UFECIC-MACCIH por la supuesta falsificación de documentos públicos, alterar la forma de gobierno y se declaró inocente.

El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.

La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.

Según el documento presentado por la UFECIC, al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos. 4. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento

“SOY INOCENTE”

“La UFECIC tiene todo el derecho de presentar los requerimientos fiscales que crean oportunos y nosotros como diputados el derecho a defendernos. Quiero aclarar que no es por el caso Pandora, es por el caso Fe de Erratas”, dijo Rivera.

“Toño” Rivera dijo que estaba tranquilo, que no ha cometido ningún delito, que es inocente y que prepara su defensa. “Estamos muy tranquilos, esperamos que se nombre el juez natural y presentarnos. Soy un ciudadano más, común y corriente. Lo vamos a enfrentar con la tranquilidad del caso”, puntualizó.

Rivera recordó que la misma acusación que tiene Tommy Zambrano y Román Villela es la que se ha ampliado para el y Sara Medina. “Vamos a demostrar con pruebas, con documentos que no hemos cometido ningún delito.  Confío en Dios y en el Estado de Derecho que vamos a salir bien librados”.