Foto: EFEArchivo
Seis islamistas fueron condenados por un tribunal de Bangladés a pena de muerte por el asesinato de dos activistas LGBTQ+ hace 5 años, informó Al Jazeera.
Las víctimas del crimen por los islamistas, cometido en Daca en 2016, fueron un redactor de la única revista de la comunidad homosexual en el país y un amigo suyo.
La condena fue dictada por una corte antiterrorista de Daca y ha tenido entre sus destinatarios al jefe del grupo islamista Ansar al Islam, Syed Md Ziaul HuqZia y a otros cinco miembros de esta organización, de acuerdo con un abogado de la acusación, Golam Sarwar Kham Zakir.
A ellos se les acusa por cargos de terrorismo y asesinato, por las muertes de Xulhaz Mannan y Mahbub Rabbi Tonoy. Ambos fueron asesinados a golpes en su vivienda de la capital bangladeshí el 25 de abril de 2016.
Otros dos acusados salieron absueltos de este caso, si bien la defensa de los condenados ha comunicado que impugnará la sentencia. “Recurriremos el veredicto en una instancia superior”, ha anunciado el abogado Jairul Islam Liton, que ha cuestionado que los hechos hayan quedado probados.
Según el último informe, Homofobia de Estado, publicado en diciembre de 2020 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, según sus siglas inglesas), 69 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.
Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (12 estados del norte) y Yemen-, la pena de muerte es un castigo legalmente prescrito. En otros cinco -Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia- la pena de muerte podría llegar a imponerse siguiendo ciertos códigos legales o religiosos, pero hay menos certeza jurídica sobre la situación.
Los datos acerca de la aplicación de estas sentencias de muerte son escasos. El informe de la ILGA narra el caso de dos hombres y un muchacho de 17 años condenados en 2015 por homosexualidad en la provincia de Ghor, Afganistán. La sentencia, emitida por un tribunal de justicia paralela, estipulaba como método de ejecución "el aplastamiento mediante derribo de pared". La caída del muro mató a los dos hombres e hirió al adolescente, a quien le permitieron conservar la vida.
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