Fotografía de archivo e ilustrativa. Cortesía, vía Google.
Los senadores demócratas que han emprendido la tarea de exhibir la corrupción, violencia y narcotráfico de la red criminal que asaltó el poder en Honduras, han dado a los ciudadanos una esperanza con la promulgación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras.
La red criminal que asumió desde el Golpe de Estado del 2009 ha perpetuado once años de violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y otros delitos que son el pleno conocimiento de líderes políticos en los EEUU.
Este martes, The Guardian reveló una legislación promovida por ochos senadores demócratas, removiendo una vez más los actos irregulares cometidos por el gobierno de facto en Honduras.
Entre los datos importantes sobre las menciones de la red criminal se destacan la petición de los legisladores para que se impida el ingreso de Hernández a los EEUU y la petición de sancionar al gobierno, quitándole la ayuda económica y otros financiamientos.
‘Desde el golpe de estado militar en 2009, la República de Honduras sigue estando plagada de corrupción sistémica y violaciones de los derechos humanos’, cita la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que podría se aprobada en los próximos días.
En el documento se detalla cada uno de los actos cometidos por la red criminal, liderada por Hernández, según el documento emitido por ochos altos senadores demócratas.
Entre las acusaciones que fueron reveladas por los líderes políticos estadounidenses sobre la red criminal se menciona ‘la colusión generalizada entre funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad 5 estatales y privadas, crimen organizado y miembros del sector privado, incluyendo el 6 conocimiento y perpetración de amenazas físicas y legales, asesinatos, desapariciones 7 forzadas y otros abusos en contra de defensores de los derechos humanos y del medio 8 ambiente, miembros de la oposición política, periodistas y otros’.
Además, se hace alusión al uso excesivo de la fuerza policial y militar en las protestas, la falta de protección de los derechos laborales, persecución a los pueblo indígenas, sin dejar de destacar sus nexos con el narcotráfico.
‘Existe evidencia substancial de que el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha participado en un patrón de actividad o red criminal y uso de las instituciones del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas, como se ejemplifica en tres casos de corrupción y narcotráfico de alto perfil que fueron procesados o están en proceso de juicio en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, en los cuales el Presidente de Honduras fue nombrado como cómplice/co-autor’, agrega el amplio y detallado documento.
Los senadores en su informe de diez páginas sacan a luz ante la gestión del presidente Joe Biden las acciones promovidas desde el gobierno de Hernández en relación a una serie de irregularidades cometidas.
‘El 19 de enero, 2020, el Gobierno de Honduras anunció la clausura de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el mecanismo anticorrupción establecido en 2015 por la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Honduras. MACCIH abrió 14 casos relacionados con la corrupción contra docenas de acusados criminales de alto perfil, y supervisó la creación de un circuito judicial contra la corrupción y la Unidad Fiscal Especial, desmantelados después de la clausura de la misión’, especifica la legislación que busca transparentar el sistema gubernamental del país para evitar la inmigración.
El nuevo Código Penal que promueve la impunidad también revelado en el documento, demostrando que los senadores están al tanto de lo que ocurre en la nación centroamericana y de los actos de la red criminal. ‘El 16 de octubre, 2019, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley que restauró la inmunidad a todos los parlamentarios, por crímenes relacionados con actividades legislativas, y una ley que impidió a la oficina del Fiscal General investigar casos relacionados con el uso indebido de fondos estatales por un plazo de siete años’, agrega la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras.
Sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno se informan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procedimientos judiciales especiosos para criminalizar activistas, periodistas y líderes de la oposición política.
El objetivo de los senadores de sacar a luz más de diez años de ilegalidades del gobierno de Hernández tiene como propósito la promulgación de sanciones encaminadas a marcar un precedente.
