Señor Presidente, quiero alertar a todos los senadores sobre la situación en Honduras. Aquellos de nosotros que nos preocupamos por América Central hemos visto las elecciones para el próximo presidente de Honduras con creciente alarma. Ha pasado más de una semana desde el 26 de noviembre, cuando el pueblo de Honduras emitió sus votos. Desde entonces, las repetidas demoras y el comportamiento sospechoso -que sugiere incompetencia o fraude- por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ha estado registrando las boletas, han incitado a grandes manifestaciones públicas.

A fines de la semana pasada, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suspendió los derechos constitucionales e impuso por diez días, desde las 6 p.m. a 6 a.m. un toque de queda. Según los informes, varios manifestantes, incluida una niña de 19 años, fueron tiroteados y asesinados por tropas hondureñas, y cientos más han sido arrestados. Salvador Nasralla, el principal candidato de la oposición, llamó a una nueva elección y, según los informes, instó a la policía y los militares hondureños a desobedecer las órdenes de sus comandantes de disparar contra los manifestantes.

Incluso antes de que el pueblo hondureño asistiera a las urnas, las perspectivas de una elección libre, justa y pacífica enfrentaban muchos desafíos. El punto de disputa más obvio es que el presidente Hernández está buscando un segundo mandato, ya que hasta hace poco se había interpretado que la Constitución hondureña limitaba estrictamente a los presidentes a un solo mandato de cuatro años.

Irónicamente, en 2009 el ex presidente Manuel Zelaya fue expulsado del poder por una coalición de oficiales militares, empresarios y políticos conservadores, incluido Hernández, después de que acusaron a Zelaya de utilizar un referéndum popular sobre una propuesta de constituyente para supuestamente extender su propio gobierno.

El derrocamiento de Zelaya fue catalogado inicialmente como un golpe por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero no pasó mucho tiempo antes de que los Estados Unidos aceptaran el resultado y reanudaran el envío de ayuda económica y militar al gobierno del presidente Porfirio Lobo. Durante los siguientes tres años, la afluencia de drogas ilícitas y la incidencia de la violencia, incluidos los asesinatos de periodistas y otros líderes de la sociedad civil, aumentaron dramáticamente y Honduras se convirtió en uno de los países más violentos del mundo.

Después de que Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional, él y su Partido Nacional reemplazaron a la Corte Suprema con jueces destinados a apoyar su agenda política. Y en 2013, Hernández fue declarado presidente de Honduras después de una elección plagada de informes de compra de votos y amenazas y asesinatos de opositores políticos.

Dos años más tarde, la misma Corte Suprema dictaminó que podría postularse para un segundo mandato, allanando el camino para la elección de la semana pasada. Apenas ocho años después de que el ex presidente Zelaya fuera expulsado por supuestamente proponer que el pueblo hondureño votara sobre la cuestión de un segundo mandato, el presidente Hernández había consolidado su control reemplazando a los jueces de la Corte Suprema, nombrando al TSE, manteniendo una mayoría en el Congreso, y usando los medios estatales para ahogar a sus críticos. Se predijo ampliamente que costaría a la victoria.

Pero el gobierno del presidente Hernández, además de volverse cada vez más autocrático, ha sido perseguido por acusaciones de corrupción generalizada.

Por estas razones, y debido a la conducta opaca y extraña del TSE durante el proceso de conteo de votos, tal vez no sea sorprendente que la situación se haya deteriorado hasta el punto de convertirse en una crisis nacional de confianza en la integridad de la democracia hondureña.

Contrariamente a la práctica anterior, el TSE no emitió resultados anticipados hasta el día posterior a la finalización de las urnas. En ese momento anunció que con el 57 por ciento del voto contado, el Sr. Nasralla, un ex periodista deportivo de televisión, lideraba en 5 puntos porcentuales. Esto indicaba la posibilidad de un revés histórico, y aunque se basaba en prácticas pasadas, el conteo final se esperaba al día siguiente, y el proceso de conteo de los votos se llevaba a cabo a puertas cerradas sin más anuncios.

Mientras Nasralla y sus partidarios celebraban y el candidato tercero, Luis Zelaya del partido Liberal, admitía, el presidente Hernández y sus aliados en la prensa insistían en que saldría en la cima una vez que se contaran los votos rurales.

El TSE también dijo que el recuento de votos rurales se retrasó, y el miércoles, después de un largo silencio, el TSE indicó que la ventaja de Nasralla había comenzado a reducirse. Pero la prensa informó que no había razones técnicas para explicar la demora, ya que los resultados de todas las mesas electorales se transmitieron electrónicamente cuando se cerraron las urnas

A medida que pasó el tiempo, las sospechas de fraude aumentaron entre los partidarios de Nasralla, y el miércoles pasado por la tarde el TSE dijo que su sistema informático había dejado de funcionar inexplicablemente durante cinco horas. Luego, el miércoles por la noche, el TSE informó que el presidente Hernández estaba arriba por varios miles de votos, lo que provocó protestas de los partidarios de Nasralla, algunos de ellos arrojando piedras e iluminando incendios en las calles, que fueron recibidos por tropas que disparaban gases lacrimógenos y balas reales.

Según informes de prensa, la oposición cuestiona las boletas de los 5.300 colegios electorales y ha pedido el recuento de las boletas de tres departamentos rurales. Pero ayer por la mañana, después de solo un recuento parcial, el TSE anunció su recuento final a favor del presidente Hernández por solo 1,49 por ciento, una brecha de 52,333 votos.

El proceso ha carecido de transparencia, lleno de irregularidades y demoras inexplicables, y junto con los informes de la fuerza excesiva de la policía y el ejército hondureños contra los manifestantes pacíficos, es cada vez más obvio que el anuncio del TSE empeoró una mala situación. Hay demasiada sospecha de fraude y demasiada desconfianza.

El sábado, le pregunté a la Embajada de EE. UU. En Tegucigalpa tres preguntas simples pero importantes sobre las demoras, el recuento de votos de la TSE y los informes de tiroteos de manifestantes. Es tarde en la tarde del martes y todavía no he recibido ninguna respuesta. Esta falta de capacidad de respuesta en un momento de crisis es preocupante, y espero que no sea un nuevo estándar.

Ayer por la tarde, la OEA emitió una declaración que decía que “el estrecho margen de los resultados y las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no le permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados”. También hubo informes de grandes números de oficiales de policía hondureños, muchos de los cuales tienen agravios de larga data, están rechazando órdenes de usar la fuerza contra los manifestantes. Hoy temprano me informaron que puede haber al menos 15 muertes y muchas personas heridas a causa de heridas de bala. Hay informes de que la policía y los militares efectuaron muchos disparos, a veces en el aire y otras veces en las multitudes.

La importancia de esta elección, que determinará quién liderara Honduras durante los próximos cuatro años, no puede exagerarse. Esto es especialmente así por la forma en que surgió en primer lugar. Ya había resentimiento hacia el presidente Hernández por el doble estándar de participación en el golpe contra Zelaya, y luego orquestando su propio camino hacia la reelección. Como dijo un hondureño, “están reviviendo toda la crisis del golpe de 2009, ya la mayoría de las personas no les gusta porque les trae recuerdos desagradables”.

El presidente Hernández y el señor Nasralla ofrecen enfoques significativamente diferentes para abordar los problemas del país. Dada la debacle de la semana pasada y la creciente protesta popular, es evidente que para establecer la credibilidad del proceso electoral y la integridad de la democracia hondureña es necesario contar los votos en presencia de representantes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil y observadores internacionales; o sosteniendo una nueva elección.

Mientras tanto, es responsabilidad del gobierno hondureño, particularmente la policía y las fuerzas armadas, respetar y defender el derecho del pueblo hondureño a expresar sus opiniones de manera libre y pacífica.

Honduras se enfrenta a un momento decisivo en su historia moderna. La forma en que el gobierno resuelva esta crisis determinará la ruta del país en el futuro previsible. También determinará el grado de validez y apoyo que recibe el próximo gobierno de los Estados Unidos, porque solo una elección creíble, aceptada ampliamente por el pueblo hondureño como libre y justa, junto con un compromiso demostrable con la transparencia, a la libertad de expresión y asociación , y al estado de derecho, justificará esa validez y apoyo.

https://www.leahy.senate.gov/press/leahy-statement-on-the-election-in-honduras