Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente de Honduras, envió junto a su abogado, Manuel Retureta, una carta en donde expuso el porque debería de ser liberado bajo fianza mientras dure su juicio. De igual manera contesta los argumentos del gobierno de Estados Unidos sobre las acusaciones en su contra.

Cabe destacar que el juez estadounidense encargado del caso de” Tony” Hernández, resolvió negar la fianza para poder defenderse en libertad. ¿Las razones?, Hernández representa un peligro de fuga y un peligro a la comunidad, según el juez.

Respuesta al gobierno de EE. UU. por “Tony” Hernández:

                                               INTRODUCCIÓN

Juan Antonio Hernández Alvarado ha solicitado respetuosamente a este Tribunal, de conformidad con el 18 US C. §3142, liberarlo bajo las condiciones de liberación en espera de que comience su juicio. ECF 23 y 24.

El gobierno se opuso a cualquier forma de liberación y presentó una carta ante el Tribunal explicando el argumento y la autoridad de por qué no debe considerarse la libertad preventiva.

En este alegato, el Sr. Hernández responde al boletín del gobierno.

II. PESO DE LA EVIDENCIA Y EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO:

El gobierno presentó 13 páginas para sustentar la detención del Sr. Hernández, las sustentaciones del gobierno recae única y sencillamente en una reunión de febrero de 2014 supuestamente entre el Sr. Hernández y un narcotraficante.

Todo lo demás en la carta del gobierno consiste en afirmaciones no demostradas, descripciones de otros individuos o eventos sin ninguna explicación adicional sobre la naturaleza o la fuente de la información, y mucho menos, su vínculo con el Sr. Hernández.

Las acusaciones restantes pertenecen a una categoría que puede describirse simplemente como una conducta legal. El argumento del gobierno se esfuerza por abrumar a la Corte con una disertación general sobre el flagelo del narcotráfico, y alega que el Sr. Hernández es parte de esto.

Sin embargo, la Ley de “Reforma de Fianzas “no exige ni permite una determinación previa al juicio de que la persona es culpable”.

De hecho, el peso de la evidencia en una decisión de fianza generalmente se considera como el “menos importante” de los factores.

En cualquier caso, el Sr. Hernández cree que debe responder a la carta y al argumento del gobierno en los puntos que figuran a continuación:

“Antecedentes”, ECF 22 p.2-3. – Esta sección de la carta del gobierno refleja la sección “Visión general” de la acusación correspondiente. Ver Acta de acusación, ECF 15 p.2-3. Con un pincel amplio, el gobierno condena a todo un país centroamericano.

La actividad de la droga descrita en esta sección podría confundirse con cualquier otro país extranjero que se ocupe del problema de las drogas ilegales. La actividad específica, o individuos, descritos tendrían algún impacto, pero por la ausencia total de cualquier vínculo o evidencia en contra de, el Sr. Hernández Más bien, como se señala en el memorando de defensa en apoyo de la moción de fianza, el material puede ser etiquetado como “excedente”, y más como irrelevante ya que el gobierno no ofrece al Tribunal ningún vínculo con el Sr. Hernández.

• “Conducta de infracción del acusado”, ECF 22 p.3-4: el gobierno en esta sección presenta una imagen de una persona que opera continuamente desde 2004 hasta 2016; tráfico de drogas por aire, tierra y mar; moviendo cantidades de drogas de varias toneladas, y tan orgulloso de su operación que decidió ponerle sus iniciales al trabajo para que la policía pudiera identificarlo fácilmente.

Sin embargo, la única evidencia presentada al Tribunal para fundamentar esta amplia acusación de una operación similar a un cártel es una reunión en febrero de 2014 con un narcotraficante que solicita asistencia con un dinero adeudado a una de sus compañías por parte del gobierno de Honduras.

La gran cifra monetaria similar a un cártel presuntamente vinculada con el Sr. Hernández fue un presunto pago de $ 50,000 (el gobierno no identifica si alguna vez se realizó el supuesto pago y si la cifra monetaria es en lempiras o dólares estadounidenses).

La ausencia de actos sustanciales para corroborar la acusación de irregularidades de tan vasto alcance y tiempo se cuestiona lo que se presentó al gran jurado en el caso del Sr. Hernández.

• “octubre 2016 ProfferSession”, ECF 22 p.4: el gobierno señala que esta reunión del Señor. Hernández intenta encubrir cosas ilegales. Sin embargo, el Tribunal también puede concluir que el Sr. Hernández viajó a los Estados Unidos y se reunió voluntariamente con las autoridades de los Estados Unidos.

A los efectos de considerar la fianza, el Tribunal puede concluir que el Sr. Hernández no es un individuo que busca escapar de la ley sino más bien una persona que enfrenta cualquier situación.

• “23 de noviembre de 2018 Arresto del acusado”, ECF 22 p.5-6: en esta sección, mientras que el gobierno intenta evocar una secuencia compleja de eventos que muestra una mala conducta, lo que falta por completo en este esfuerzo es la identificación de cualquier tipo de actividad ilegal. Viajar de Honduras a los Estados Unidos no es ilegal. Reunirse con empresarios con intereses en Honduras no es ilegal.

El uso de un pasaporte legal para ingresar legalmente a los Estados Unidos (según lo inspeccionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos) no es ilegal.

Viajar con, y el uso de “tarjetas bancarias” no es ilegal. Posesión de dos teléfonos no es ilegal. Y, supuestamente poseer fotografías de armas de fuego no es ilegal. El gobierno no ha identificado como ilegales nada de las acusaciones que hacen referencia al viaje legal de Hernández a los Estados Unidos en noviembre de 2018.

Este es el peso de la evidencia que el gobierno le pide al Tribunal que sustente para encarcelar al Sr. Hernández que está a la espera del juicio, privarlo de su libertad y paralizar cualquier oportunidad para que él participe plenamente en su defensa.

II.CONCLUSIÓN

Por lo tanto, a la luz de los argumentos y la autoridad presentada en los alegatos de defensa, el Sr. Hernández solicita respetuosamente que la Corte considere la imposición de la detención domiciliaria; Monitoreo de GPS las 24 horas; y, un bono de reconocimiento personal que requiere la entrega del pasaporte del Sr. Hernández. Estas condiciones son más que suficientes para garantizar la comparecencia del Sr. Hernández ante este Tribunal y la seguridad de la comunidad.

La propuesta también garantiza la imparcialidad de un acusado con recursos financieros limitados a su disposición. Excluir la consideración de una fianza únicamente a niveles monetarios inalcanzables constituiría una “condición financiera que resulta en la detención preventiva” del Sr. Hernández, un resultado que pretende expresamente evitar. Ver 18 U.S.C. §3142 (c) (2) (siempre que el tribunal “no pueda” imponer tal condición). En consecuencia, el Sr. Hernández, respetuosamente afirma que debe ser liberado en las condiciones que él propone.