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Recientes redadas migratorias en Arizona y Nuevo México han encendido alarmas en la Nación Navajo, donde al menos 15 indígenas fueron interrogados o detenidos por agentes federales en sus hogares y lugares de trabajo. Los hechos han generado un clima de temor e incertidumbre, ya que varios de los afectados fueron obligados a demostrar su ciudadanía, incluso cuando portaban documentos que los acreditan como nativos americanos.
Líderes de la Nación Navajo, encabezados por su portavoz Crystalyne Curley, han iniciado conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional y los gobernadores estatales para esclarecer lo ocurrido. A pesar de las denuncias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha emitido comentarios, lo que aumenta la inquietud en las comunidades afectadas.
Para mitigar el impacto de estas acciones, la organización sin fines de lucro Operación Rainbow Bridge ha lanzado la Iniciativa de Crisis Migratoria, que brinda asistencia legal y orientación a los indígenas detenidos. Como parte de sus recomendaciones, aconsejan portar identificación estatal y el Certificado de Grado de Sangre India para evitar problemas durante encuentros con agentes federales.
A pesar de portar documentos válidos, numerosos indígenas han reportado que sus identificaciones tribales no fueron reconocidas como prueba de ciudadanía. Esto ha generado frustración y confusión, reabriendo debates sobre el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios por parte de las autoridades federales.
El anciano Diné James Jackson calificó estas tácticas como "vergonzosas", lamentando que reavivan recuerdos dolorosos de desplazamientos forzados y colonización. Jackson también expresó su solidaridad con inmigrantes de otras naciones, subrayando las luchas comunes que enfrentan las comunidades marginadas.
Los defensores de los derechos indígenas insisten en la necesidad de capacitar a las agencias federales para que reconozcan y respeten la documentación emitida por las tribus. Mientras continúan las investigaciones, las comunidades indígenas buscan justicia y medidas que garanticen la protección de sus derechos frente a situaciones que vulneran su dignidad y seguridad.
