A las voces estadounidenses que apoyan la ejecución en El Salvador y Honduras de un modelo anticorrupción similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se sumó esta semana la del influyente senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, uno de los que deciden sobre los fondos para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.
“Los problemas de Guatemala (debilidad institucional, corrupción e infiltración del crimen organizado en el Estado) no son solo de Guatemala. Honduras y El Salvador sufren las mismas condiciones de instituciones débiles, falta de credibilidad, corrupción extendida, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, periodistas, aun fiscales, y de una historia de impunidad”, dijo el senador Leahy al pleno del Senado en una sesión dedicada a la discusión del pacto de no proliferación nuclear firmado entre Estados Unidos e Irán.
“Espero que estos gobiernos (de El Salvador y Honduras) vean a CICIG como un modelo de cuya experiencia técnica e independencia puedan beneficiarse para... enfrentar estos problemas con viejas y profundas raíces”, defendió Leahy el modelo CICIG frente a sus colegas el miércoles pasado.
La atención en Irán, dijo Leahy, ha distraído la atención de Washington de lo que pasa en el Triángulo Norte, “sobre todo ahora que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras están buscando una cantidad considerable de fondos (estadounidenses) para financiar la Alianza para la Prosperidad”.
El pasado 9 de julio, el comité de adjudicaciones del Senado, del que Leahy forma parte, reservó una partida de $673.5 millones para el plan centroamericano en el anteproyecto de presupuesto para operaciones internacionales, que aún debe ser aprobado por el pleno de la Cámara Alta y luego bajar a aprobación de la Cámara de Representantes.
El desembolso del 75 % de esos fondos, según está escrito en el anteproyecto, está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas por parte de los países receptores. Entre las condicionantes acordadas por los senadores están, por ejemplo, “la creación de fuerzas policiales profesionales y transparentes”, “regular el rol de los ejércitos en la seguridad interna” o “perseguir y castigar a miembros de las fuerzas de seguridad que violen los derechos humanos” y “proteger y promover la democracia en cooperación con las cortes interamericanas de derechos humanos y las comisiones internacionales contra la impunidad cuando sea apropiado”.
La última figura, la de comisiones internacionales contra la impunidad similares a la instalada en Guatemala en 2007 con apoyo de Naciones Unidas, la CICIG, es uno de los modelos que más simpatizan a los tomadores de decisiones en Washington, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Por lo alto y por lo bajo, funcionarios estadounidenses han apoyado la idea de comisiones similares a CICIG en el Triángulo Norte. Primero fueron los principales asesores del vicepresidente Joe Biden, antes de que este viajara a principios de año a Guatemala a reunirse con los presidentes Otto Pérez Molina; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; y Juan Orlando Hernández, de Honduras, para hablar sobre la alianza. Luego fue el mismo Biden quien, según fuentes del Congreso consultadas entonces, trasladó a Pérez Molina el deseo estadounidense de una nueva prórroga de CICIG. Después fue la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Y, por último, el embajador Thomas Shannon, enviado especial a Centroamérica, quien habló del tema en San Salvador.