El segundo vicepresidente del Parlamento Ecuatoriano, Esteban Torres, se presentó el miércoles ante la Corte Constitucional para interponer una demanda de inconstitucionalidad en contra de la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales anticipadas.
“Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de fondo contra el decreto firmado y suscrito por el presidente de la República que, de manera ilegítima e inconstitucional, disuelve la Asamblea Nacional”, declaró a los medios poco antes de presentar la demanda.
El legislador del opositor Partido Social Cristiano agregó: “Será la Corte la que deberá decidir qué sucede al final. Si el decreto se declara ilegal e inconstitucional, la Asamblea continuará en funciones”.
Además, añadió que si la Corte ratifica la decisión de Lasso, se llevarán a cabo elecciones, “no tenemos miedo, pero si esta decisión revierte lo que ha decidido el presidente de la República, volveremos a la Asamblea”.
Lasso anunció la medida conocida como “muerte cruzada”, contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por situaciones de “grave conmoción interna y política”, después de comparecer el martes ante la Asamblea para presentar su defensa frente a las acusaciones de peculado formuladas por la oposición, las cuales él considera infundadas.
De esta manera, el mandatario optó por la “muerte cruzada” antes de que se iniciara el segundo día de debate en la Cámara, donde se iba a votar la moción de censura que requería 92 votos para destituirlo, equivalente a dos tercios del hemiciclo.
Torres señaló que la “muerte cruzada” aplicada por Lasso tiene causales específicas “y ninguna de esas causales tiene como objetivo evitar la votación de un juicio político, constitucional o legal”.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, afirmó que “si cualquier ciudadano, incluso los exasambleístas, considera pertinente presentar los recursos correspondientes ante la Corte Constitucional, es válido y será la Corte quien decida”.
Aunque recalcó que “será la Corte quien dictamine, actualmente el decreto está en vigor, la Asamblea Nacional ha sido disuelta y se le ha notificado debidamente”, subrayó.
Por lo que, Torres expresó su esperanza de que la Corte Constitucional tome una decisión lo más rápido posible para “brindar claridad y certeza, no solo en el ámbito político y para los ciudadanos, sino también para la economía, que ha visto esta decisión como drástica y absolutamente innecesaria”.
El decreto firmado por Lasso incluye una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones generales anticipadas en un plazo máximo de siete días.