Fotografía failitada por la secretaria de DDHH de Honduras, Natalie Roque.
La gestión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, evitó que se llevara a cabo un desalojo de una comunidad indígena lenca, ubicada en el kilómetro 10 al sur de Tegucigalpa.
El conflicto territorial se hizo de conocimiento público el miércoles, cuando un centenar de familias pidió ayuda en los distintos medios de comunicación local.
Desde tempranas horas de la mañana se registró el desplazamiento de un operativo policial para ejecutar el desalojo de la comunidad indígena.
Los pobladores entre ruegos y sollozos pidieron al gobierno de Xiomara Castro intervenir y evitar el desalojo.
«Por favor Xiomara, yo con los ojos cerrados le di el voto, usted es madre, no nos quiten las tierras por favor», decía una mujer con dos niños en brazos.
Las súplicas surgieron efecto, cuando personeros de la Secretaría de Derechos Humanos se desplazaron al lugar para conocer la problemática de la comunidad indígena.
“En reconocimiento al respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las y los miembros de la Comunidad Indígena Tierras del Padre, la #SEDH realiza intercesión ante las autoridades responsables de ejecutar el desalojo y promover acuerdos que suspenda la acción”, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
👆En reconocimiento al respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las y los miembros de la Comunidad Indígena Tierras del Padre, la #SEDH realiza intercesión ante las autoridades responsables de ejecutar el desalojo y promover acuerdos que suspenda la acción. pic.twitter.com/krhOoISZmI
— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) February 9, 2022
El terreno donde viven las familias de la comunidad indígena pertenece a un empresario que pretende construir un complejo habitacional.
Por su parte, el movimiento lenca asegura que cuentan con escrituras registradas en el archivo nacional que data de 1739.
Se detalló que la presidenta autorizó y ordenó el despliegue de la ministra de DDHH, Natalie Roque y el asesor presidencial Pedro Amador.
La secretaria de DDHH aseguró que a la comunidad indígena le asiste el derecho de defensa y protección.
Asimismo, se destacó que el compromiso del nuevo gobierno es proteger a los más vulnerables.
https://twitter.com/RoqueNatalie/status/1491455956425003009?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491455956425003009%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flatinoamericapiensa.com%2Fxiomara-castro-freno-el-desalojo-de-una-comunidad-indigena%2F38978%2F
El desalojo de la comunidad indígena se da enmarcada en las reformas que el Partido Nacional impulsó al artículo 378 del Código Penal, el cual habilita a los jueces e incluso los fiscales a dar órdenes de desalojo en base a escuetos medios de prueba.
Al respecto, la subsecretaria de Estado en el Despacho de Justicia, Carmen Haydeé López, explicó que previo a una sentencia y sin un debido proceso investigativo se buscada dejar sin hogar a más de 120 familias lencas.
“Un obstáculo concreto en los casos enmarcados en delitos de usurpación es la reforma promovida por el Congreso Nacional, en el mes de octubre del 2021, donde amplían excesivamente las circunstancias en la que se considera que se comete el delito e incluso aumentan la pena de reclusión del mismo”, detalló la funcionaria.
Por su parte, el empresario, Facussé, se defendió en medios de comunicación, diciendo que habitantes de la comunidad indígena no poseen otro tipo de documento más que uno ancestral.
Lo que el empresario desconoce es que este tipo de títulos, ancestrales, forman parte de Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, amparados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El artículo 21 de la Convención Americana y el artículo XXIII de la Declaración Americana protegen esta vinculación estrecha que guardan con las tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales”, cita la ley.
La intervención de la presidenta de Honduras es histórica, esde el 2013 han recibido amenazas de desalojo, a pesar de exponer su situación en reiteradas ocasiones sin ser escuchados, por el contrario, en el 2019, 9 miembros de la comunidad fueron acusados por delitos de usurpación.
Se informó que habrá una comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para determinar las acciones a seguir siempre respetando los derechos humanos de los pobladores de la zona.
