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La detención de Elsy Noemí Berríos, una mujer salvadoreña de 52 años residente en Maryland, ha generado indignación y dudas tanto entre su familia como en la comunidad inmigrante. Acusada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de estar asociada con la pandilla MS-13, su caso ha cobrado notoriedad por la ausencia de pruebas presentadas por las autoridades y las circunstancias de su arresto.
El operativo tuvo lugar el 31 de marzo mientras Berríos conducía junto a su hija hacia su trabajo en Westminster. En un video grabado por la joven, se observa cómo los agentes federales le ordenan detenerse y salir del auto. Ante su negativa y su petición de ver una orden judicial, los agentes rompieron la ventanilla del conductor y la sacaron por la fuerza del vehículo antes de esposarla. La escena dejó a su hija, Karen Cruz Berríos, de 18 años, entre gritos y lágrimas.
Para Cruz Berríos, su madre es un ejemplo de lucha y dedicación. Asegura que no tiene antecedentes penales y que ha trabajado arduamente para criar sola a sus cuatro hijos. La información proporcionada por sus abogados indica que Berríos ingresó a Estados Unidos en 2017 y fue liberada bajo supervisión mientras avanzaba su proceso migratorio, el cual fue desestimado en 2023, tras lo cual solicitó asilo y obtuvo permiso de trabajo.
Pese a la gravedad de la acusación, los representantes legales de Berríos sostienen que no han recibido evidencia concreta que respalde la presunta vinculación de su clienta con la pandilla. Han solicitado una audiencia para exigir la liberación de Berríos y que el Gobierno presente pruebas formales. Las autoridades no han dado respuesta a los reiterados llamados por mayor transparencia, generando inquietud en diversos ámbitos, entre ellos la oficina del gobernador de Maryland, que exige explicaciones claras y el cumplimiento del debido proceso.
El caso ha tocado un nervio sensible en la comunidad salvadoreña, que teme una vuelta a los estigmas de décadas pasadas. Organizaciones defensoras de migrantes alertan sobre la posible criminalización injustificada de personas que huyeron de la violencia en busca de una vida mejor.
Actualmente, Noemí Berríos permanece detenida en un centro de ICE en Pensilvania, mientras su familia y sus abogados continúan luchando por su libertad y la aclaración de las acusaciones en su contra.
