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La Junta estatal de educación de Oklahoma aprobó una normativa el pasado martes que obligaría a los padres a presentar pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio legal de sus hijos al momento de inscribirlos en las escuelas públicas del estado. A pesar de que la norma aún debe pasar por la aprobación de la Legislatura y del gobernador, esta medida está orientada a fortalecer las políticas migratorias
De acuerdo con la propuesta, los padres o tutores legales deberán proporcionar documentación válida como el certificado de nacimiento estadounidense, un pasaporte, el informe consular de nacimiento en el extranjero, o la tarjeta de residente permanente, entre otros. Aunque la norma no impediría que los niños sin estatus legal se inscriban o asistan a la escuela, sí exigirá que los distritos escolares lleven un registro de cuántos estudiantes no hayan presentado las pruebas de ciudadanía. Esta información deberá ser reportada, excluyendo los datos personales identificables, al Departamento de Educación de Oklahoma.
El superintendente estatal, Ryan Walters, defendió la medida, explicando que es necesaria para ayudar a las escuelas a organizar mejor los recursos y el personal, y para tener un conteo exacto de los estudiantes de migrantes ilegales en las instituciones. Según estimaciones, hay alrededor de 90.000 personas sin estatus legal viviendo en Oklahoma, de las cuales unos 6.000 son niños en edad escolar.
La propuesta ha generado gran preocupación entre los residentes, en especial en las comunidades migrantes. Maestros y grupos de derechos civiles han expresado su desaprobación, alertando sobre el miedo que podría generar en las familias migrantes, algunas de las cuales ya están considerando la posibilidad de retirar a sus hijos de las escuelas. El representante Arturo Alonso-Sandoval, quien representa una zona predominantemente hispana en Oklahoma City, señaló que los padres se sienten aterrados y temen por el futuro de sus hijos.
Javier Terrazas, un padre de familia que participó en una protesta contra la medida, también expresó su preocupación por el temor creciente que sienten los padres al recoger a sus hijos de la escuela.
En Oklahoma City, donde el 57% de los estudiantes son hispanos, la superintendente Jamie Polk recordó a los padres que, según la ley federal, todos los niños tienen derecho a acceder a la educación pública, independientemente de su estatus migratorio. Este derecho fue respaldado por la Corte Suprema en 1982 con el caso Plyler v. Doe, que establece que los niños indocumentados tienen derecho a la educación. Sin embargo, algunos legisladores conservadores cuestionan la validez de esta interpretación a la luz de decisiones recientes de la Corte Suprema.
En 2011, el estado de Alabama intentó implementar una norma similar que obligaba a las escuelas a investigar el estatus migratorio de los estudiantes, pero un tribunal federal bloqueó la medida, lo que obligó al estado a abandonarla. Expertos en inmigración advierten que un intento de modificar o desafiar el precedente establecido por Plyler v. Doe podría tener implicaciones legales graves, especialmente tras los recientes fallos de la Corte Suprema que han alterado derechos previamente reconocidos, como el acceso al aborto y la acción afirmativa en universidades.
Este nuevo movimiento en Oklahoma genera un debate sobre el acceso a la educación y los derechos de los inmigrantes, cuyas repercusiones podrían extenderse hasta los tribunales.
