El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó al gobierno de Juan Orlando Hernández que acepte en Honduras a un delegado especial del organismo para revisar las denuncias de las violaciones a los Derechos Humanos.

En una misiva, Almagro explica que el envío de un delegado especial tendría como objetivo “conocer la situación de las protestas y respuesta del Estado ante las mismas”.

Por eso solicita a Tegucigalpa “facilitar al enviado información sobre la situación en la que hayan fallecido personas y acceso a entrevistarse con sus familiares” y “facilitar la visita del enviado a los locales en que se encuentran personas detenidas a causa de las protestas en curso”. 

Amnistía Internacional (AI) denunció a las autoridades de Honduras por ser las “responsables de la muerte de al menos 14 personas” y de violaciones de los derechos humanos, “al reprimir las protestas populares” tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre.

En un reporte, la organización pro derechos humanos también da cuenta de las “golpizas por parte de la Policía a personas que ya habían sido detenidas y sometidas”.

Honduras pareciera estar en medio de una peligrosa caída libre en la que ciudadanos comunes están siendo víctimas de juegos políticos egoístas e imprudentes,” declaró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

En el texto, Guevara-Rosas señala que “la evidencia demuestra que no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones en Honduras. Cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del Gobierno”, sostuvo.

Violencia comparable al golpe de Estado de 2009

Al menos 14 personas murieron, muchas de ellas por heridas de bala, y decenas más fueron heridas en el marco de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar tras las elecciones presidenciales, reportó AI.

El organismo detalla que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes. En algunos casos, dispararon armas de fuego contra ellos. Los niveles de violencia son comparables a los ocurridos durante el golpe de Estado de 2009.

La organización destaca el caso de Raúl Antonio Triminio, uno de los 14 muertos en el contexto de la crisis postelectoral, según los datos de defensores y servidores públicos.

Los familiares de Triminio, de 39 años, quien trabajaba como albañil, relataron que participaba en una manifestación pacífica afuera de su casa la noche del 3 de diciembre cuando la Policía Militar llegó y le disparó en la cara.

“La Policía Militar parece estar implicada en varios casos de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones y el toque de queda”, desde el cual “las fuerzas de seguridad han operado con los más altos niveles de impunidad”, subrayó el documento.